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lunes, 3 de noviembre de 2014

Ayotzinapa: A LOS ESTUDIANTES, "los tenemos en la Cueva del Diablo": SICARIO

Esa madrugada del miércoles pasado el sicario ya había bebido los suficientes mezcales para comenzar a fantochear.


"Nos los llevamos a la "Cueva del Diablo". Matamos a los más bravos y a los otros los tenemos ahí" —balbuceó frente a sus compañeros, un grupo de tipos de mala pinta. Hablaba de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En la mesa de al lado, un cliente solitario aguzó el oído para agarrar todos los detalles del relato. Había mucho que escuchar: La lengua se le había soltado al matón a sueldo en esa cantina de poca monta de Iguala, donde más de uno sabe que es de sentido común callar para mantener la cabeza pegada a los hombros, aún ahora, con la ciudad tomada por los federales.

Pero nuestro sujeto, aceitado por los mezcales, descartó toda regla de discreción. O dijo lo que sabía, o comenzó a imaginar cosas.

—"Los subimos a dos camiones de pescado y luego nos los llevamos en lanchas por el Balsas. Tenemos vivos a la mitad, en la cueva" —contó. Sus compañeros escuchaban atentos.

El sicario, o quien quiera que fuera, decía trabajar para "Los Guerreros Unidos". No era —y quedaba muy claro— un tipo prudente, menos con la guerra que se ha desatado con "Los Rojos" y con agentes de inteligencia por todos lados.

Vaya, medio Cisen se encuentra en el estado. Pero con solo una botella encima acababa de soltar la sopa a sus amigos de farra.

Dio varios detalles: la noche del 26 de septiembre balearon a tres en Iguala y luego tomaron camino hasta la presa El Caracol de madrugada, en una carretera que serpentea entre la montaña y que termina casi junto al agua.

Después de transportarlos en lanchas río abajo, a los muchachos se les había hecho marchar en fila india en la selva. No todos llegaron. Algunos murieron asesinados en el camino, sus cuerpos fueron lanzados por la borda.

El relato seguía con más detalles. La cueva en la que los tenían retenidos estaba a una hora y media en barco de Acatlán, en una localidad conocida como Acatlancillo, cerca de una cascada sin nombre. Más de la mitad de los normalistas seguían ahí, atrapados, bajo la custodia de una recua de narcos.

—"Están vivos" —insistió el sicario.

Y así, de súbito, el secreto mejor guardado de México se ventilaba en un bar, escapándosele a un tipo con tragos de más. A unos metros, en la mesa contigua, el cliente de oídos agudos, que en realidad era un policía comunitario de la Unión Popular de Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), dio las gracias a la mesera, pagó su trago y regresó a su campamento con la primicia.

En la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, un misterio que ha desafiado al Estado mexicano y al gobierno federal durante más cuatro semanas, había un nuevo, aunque poco probable y hasta disparatado rastro.

Pero la desesperación lleva a buscar en donde sea. A las fosas de Iguala, las de Cocula y los huesos sumergidos en el río San Juan se añadía la pista más extraña hasta el momento.

Invención o no, el relato fantástico fue tomado en serio en varios niveles, incluidos los oficiales. Abría la posibilidad de hallar con vida a estudiantes que hasta entonces habían sido buscados en pretérito, solo en fosas. Se trataba de algo tan sencillo como esperanza, de aquello que si no existe es reemplazado por la muerte, según define el antropólogo Michael Taussig.

“Sin la esperanza lo que queda es la muerte. La muerte del espíritu. La muerte de la vida, donde ya no hay sentido de regeneración o renovación”, sostiene.

Está muriendo de hambre

La Upoeg lleva un mes de trabajos casi heroicos. No vuelven a casa desde septiembre. Nadie les paga y tienen que racionar la gasolina. De día mal comen y de noche, cuando pueden, duermen en un campamento en el zócalo de Iguala.

Son como sabuesos alocados: andan por brechas y sierras donde nadie en su sano juicio se metería y en ese trajín han descubierto varias fosas con cuerpos. Han sido más eficientes que muchos criminalistas entrenados.

Pero comienzan a sufrir el desgaste de la búsqueda. Su ropa se ve sucia. Sus vehículos lucen más destartalados y polvosos de lo habitual, que ya es decir mucho.

Encima, varias esposas están sumamente molestas por la larga ausencia de sus hombres, que hace cuatro semanas se fueron a tratar de encontrar a los jovencitos de Ayotzi armados de machetes e imbuidos de un primordial sentido de justicia.

“Mi esposa me regañó el otro día, que cómo es que dejaba a mi familia, que me ponía en riesgo, que los ponía en peligro y yo le dije ‘¿y a la familia de esos chicos, qué? ¿A ellos quién los ayuda a encontrar a sus hijos?’”, dice Lucas Pita, un igualteco que dejó todo por ir a la búsqueda de los normalistas.

Es una opinión ampliamente extendida entre sus compañeros. “Vamos a encontrarlos vivos”, promete Crisóforo García, uno de los comandantes.

Pero no han encontrado nada. O lo que han hallado —en las fosas de Iguala—, aún no ha sido plenamente identificado. En tanto, con el paso de los días las provisiones ya comenzaron a escasear.

“Ojalá nos comiencen a apoyar los empresarios con gasolina. Es muy difícil trasladarnos de una comunidad a otra todos los días”, sostiene Lino Ponce, asistente de Bruno Plácido, líder y creador de la policía comunitaria guerrerense, que desde hace casi dos años mantiene su propia guerra contra la delincuencia organizada en varios municipios de Guerrero.

Desde que se involucraron en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, los comunitarios de la Upoeg andan a la caza de pistas donde puedan encontrarlas, como todos unos detectives tropicales.

Cualquier dicho, cualquier rumor, es digno de ser revisado. Una fosa en el cerro: hay que ir. Una casa de seguridad en el pueblo: hay que revisarlo. Ropa en la montaña: puede ser de los chicos.

“A estas alturas hay que descartar toda posibilidad”, dice don Migue, uno de los líderes de la columna estacionada en Iguala, donde han establecido una base de operaciones. Se trata de un campamento de casas de campaña al que a diario llegan datos y versiones.

Fue así como esta semana les llegó el rumor de la "Cueva del Diablo" y una misión se organizó al Nuevo Balsas, en uno de los confines más remotos de Guerrero, en la presa de El Caracol.

El dato les resultó tan interesante que los comunitarios se acercaron a la Gendarmería, que por estos días ya está en Guerrero, con una petición:

-¿No prestan algunos hombres y helicópteros para ir a la cueva?

La Policía Federal, tan hambrienta y desesperada por encontrar pistas como la Upoeg dijo "sí".

¿Qué tiene que ver el diablo?

Muchos lugares tienen su "Cueva del diablo". Son sitios que se prestan al mito y que generalmente involucran a un demonio que habita en su interior, donde lleva almas robadas. 

Una interpretación antropológica dicta que la caverna inconscientemente es asociada con una entrada al inframundo y, por ende, con la maldad. De ahí la replicación del mito en varios estados y países. En Iztapalapa hay una. En Mazatlán, otra. En Veracruz hay al menos dos. Alemania tiene la suya. Hay en Florida, Bulgaria, Brasil, Japón y Australia.

En Guerrero hay dos. La que nos atañe y que de alguna manera se filtró al tema Ayotzinapa, se encuentra cerca de Nuevo Balsas, a unos 30 kilómetros de Cocula, donde la Procuraduría General de la República realiza peritajes en un tiradero a cielo abierto y en el río San Juan. En ambos han sido hallados restos óseos y osamentas.

El jueves pasado, eran las 12 del día y una larga columna de gendarmes y comunitarios esperaba en el embarcadero de Nuevo Balsas a que un helicóptero Blackhawk terminara las labores de reconocimiento en el área circundante a la "Cueva del Diablo".

Los federales iban armados hasta los dientes. La Upoeg llevaba varas y machetes.

Formados junto a los botes, los gendarmes escucharon la advertencia de su comandante. “Hay que estar precavidos”, les dijo. “No hay condiciones en esa zona. Hay mucho plantío de mariguana y amapola”.

En un mapa, los federales trazaron las siguientes coordenadas: latitud 17 grados, 55 minutos, cero segundos norte por longitud 99 grados, 58 minutos y 30 segundos oeste.

"La Cueva del Diablo" estaba trazada en un punto rojo.

Fuente: http://www.notinfomex.org/2014/11/ayotzinapa-los-estudiantes-los-tenemos.html

jueves, 16 de octubre de 2014

PAN y PT acusan a Barbosa de rendir culto a Peña; anuncian boicot “al show” en el Senado

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido del Trabajo (PT) advirtieron al Presidente Enrique Peña Nieto que no le prestarán el Senado de la República para que realice un acto de lucimiento personal, cuando se presente a inaugurar el seminario “Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional”, en donde también se develarán los 31 escudos de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el patio central del recinto de Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Los panistas consideraron que el acto protocolario “El Senado, Casa del Federalismo y de la Unidad” promovido por el Presidente del Senado, el perredista Miguel Barbosa Huerta, programado para el próximo 30 de septiembre, revivirá los aspectos más rancios del presidencialismo, en donde el Poder Legislativo promovía actos públicos para revestir la investidura presidencial.

“En este reencendido presidencialismo mexicano en donde el Presidente vuelve a ser Presidente Dios, hubo una profusa campaña en medios de comunicación para decir: el primer Presidente que va al Senado a debatir sobre federalismo, que va a discutir sobre la unidad nacional”, criticó en tribuna el Senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN).

Panistas y petistas consideraron que el evento sobre federalismo con la presencia del Presidente Peña Nieto no es un acto “republicano”, sino un evento planeado por el perredista Miguel Barbosa Huerta, para que el Presidente Peña sea el actor principal.

“¿Es el homenaje que la izquierda quiere rendir a Peña Nieto tras las reformas estructurales?, ¿en serio lo quieren hacer vocero del federalismo y la unidad nacional, que por ningún motivo representa Peña Nieto?”, cuestionó el Senador Corral.

El pasado 4 de septiembre, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, anunció que el 30 de septiembre el Presidente de la República asistiría a al Senado para inaugurar el seminario “Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional”, en donde también se develarán los 31 escudos de las entidades federativas y de Distrito Federal en el patio central del recinto.

Sin que existiera un acuerdo previo de la Mesa Directiva del Senado, aunque el Senador Barbosa afirmó que sí existía el papel, se hizo el anunció el cual fue calificado por el perredista como un acontecimiento “histórico”.

Por lo que la Senadora Layda Sansores cuestionó al Senador Barbosa “¿qué artículo de la Constitución o del reglamento del Congreso lo faculta para hacer ese tipo de invitaciones, sin consultar a todos los legisladores?, ¿Quién le autoriza a organizar esos “talk shows” para Peña Nieto?”.

La legisladora sostuvo que “el Senado no es un set televisivo, y si ya nos tomó de oficina de trámite, no queremos que nos tome  de agencia publicitaria”.

Senadores priistas y perredistas defendieron la presencia del Presidente Peña Nieto en el Senado y rechazaron que sea símbolo de sumisión de un poder sobre otro. Sin embargo, la oposición fue tal, que en algún momento se mencionó la posibilidad de que el mandatario cancelaría su participación en el evento en el Senado de la República.

Senadores del PAN afirmaron que Enrique Peña es la persona menos indicada para hablar de Federalismo, porque como Presidente de la República no ha sido factor de unidad nacional, no ha respetado la división de Poderes, y ha disminuido la autonomía municipal.

Por lo que su presencia en el Senado para “tomarse la foto” sin debatir realmente aspectos fundamentales sobre el federalismo, representará una nueva expresión de la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo.

“Lo que más agrava la situación es la simulación y el engaño […]. Se anunció como un debate inédito entre el Senado de la República y el presidente de la República, pero resulta que el Presidente no viene a debatir, que el Presidente no viene a intercambiar puntos de vista, viene a que le rindamos honores en el Senado de la República”, advirtió el Senador panista Roberto Gil Zuarth.

En otro momento del debate, el Senador perredista Fidel Demedicis sugirió que la oposición del PAN a la presencia Peña es respuesta al golpeteo mediático que el Gobierno federal ha realizado en contra del Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

“¿Qué cosas no les cumplieron?, ¿y por qué rompieron ahora con los compañeros del PRI y con su gobierno?, ¿cuál fue el motivo? Ah, porque trataron mal a un gobernador, porque trataron mal a un gobernador del PAN, eso no les gustó”, arremetió el perredista.

Tras un debate de poco más de tres hora, el pleno rechazó la propuesta del Senador Javier Corral para regular la presencia del Presidente Enrique Peña Nieto en el Senado, con 33 votos a favor, 56 en contra de priistas y perredistas y cinco abstenciones.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/25-09-2014/1127019

lunes, 13 de octubre de 2014

Aguirre, el omiso y desafiante “amigo” de Peña Nieto


Crecido al amparo del PRI y de sus peores prácticas, Ángel Aguirre gobernó Guerrero a finales del siglo pasado y dejó, entre otras cosas, una cauda de perredistas asesinados. Amigo de Enrique Peña Nieto, éste no intervino cuando el guerrerense cambió de chaqueta, despechado con el priismo, y se cobijó en la llamada izquierda para acceder de nuevo al mandato estatal. Ahora, con el crimen de Ayotzinapa, ese manto protector de la máxima autoridad parece desvanecerse y el gobernador busca desesperadamente conservar el cargo, incluso pese a que la orden de matar a los normalistas pudo haber salido de su entorno más cercano, como opina un empresario local.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Nacido políticamente en el PRI, que lo hizo gobernador de Guerrero (1996-1999) y cobijado por el PRD para ejercer un nuevo mandato en el estado, la gestión de Ángel Aguirre Rivero se complica cada día más por el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, calificada por organizaciones como Human Rights Watch como el ataque a estudiantes más grave desde 1968.
El predecesor de Aguirre, Rubén Figueroa Alcocer, resistió ocho meses al frente del gobierno estatal luego de la matanza de 16 campesinos en Aguas Blancas a manos de policías estatales en junio de 1995, pero dimitió por la intervención directa del presidente Ernesto Zedillo.
Arropado por la dirigencia nacional del PRD, presidida ahora por Carlos Navarrete, dirigente de la corriente Nueva Izquierda, ante la presión de miles de voces en el mundo que piden su salida, Aguirre maquinó una estrategia dilatoria.
El jueves 9, primero en Acapulco y en presencia de un público que le lanzaba vivas, y más tarde flanqueado por Navarrete y el secretario general del PRD, Héctor Bautista, respondió al clamor popular en su contra con el anuncio de la próxima presentación de una iniciativa al Congreso local para preguntar a los guerrerenses si debe continuar al frente del Ejecutivo estatal.
En su terruño el gobernador rechazó los señalamientos de “asesino o represor” y de que recibió financiamiento del Cártel de los Beltrán Leyva en su campaña, como señala un vídeo que circula en internet; aseguró que la federación sabía de la infiltración de la delincuencia organizada en las policías municipales, exigió verdad y justicia para el caso y sostuvo que no dejaría el gobierno por los “opinotecnócratas”.
En una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la cual no se aceptaron preguntas, Aguirre precisó que al Congreso local le corresponderá procesar la iniciativa que presentará el lunes 13. Navarrete apuntaló: “Si es la decisión de los guerrerenses revocarle el mandato al gobernador, que así sea”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1980, ya en circulación)
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=384461

miércoles, 1 de octubre de 2014

El “paquete verde” traerá una devastación ambiental histórica, alerta Greenpeace



Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– Greenpeace denunció que el gobierno federal planea concretar en tres meses “el mayor retroceso en materia de derechos medioambientales en la historia de México”.

La organización no gubernamental advirtió que las próximas reformas estructurales al campo, a la Ley de Aguas Nacionales y los cambios a diversas leyes incluidas en el llamado “paquete verde” de la Reforma Energética abrirán las puertas para que la actual devastación ambiental adquiera magnitudes nunca antes vistas en México.

Con estas reformas –advirtieron especialistas de Greenpeace– el sector energético será preponderante sobre los demás, pasando sobre los derechos de millones de personas, ya que abre la puerta a la energía nuclear, al fracking y desincentiva el desarrollo tecnológico relacionado con energías renovables.

En su momento, Greenpeace calificó la Reforma Energética y su legislación secundaria como depredadora del medio ambiente, sin embargo alertó que las reformas futuras contenidas en el llamado paquete verde serán todavía más nocivas para los ecosistemas.

Con estas reformas estructurales, la actual política ambiental supedita la protección del ambiente a un modelo de supuesto desarrollo económico basado en la explotación de los recursos naturales con altos costos de devastación a diversos ecosistemas.

“Pero lo peor está por venir”, apuntó Silvia Díaz Pérez, vocera de Greenpeace México.

 El paquete verde incluye la Ley General de Equilibrio Ecológico, la de Protección al Medio Ambiente, la de Residuos, la de Desarrollo Forestal, la de Organismos Genéticamente Modificados, con la finalidad de hacer operativas las facultades que se asignaron a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección Medio Ambiente (ANSIPA).



Estas reformas son necesarias para hacer fácil y que esta agencia se convierta en una ventanilla única, para que cualquier agencia que quiera hacer exploración y explotación de hidrocarburos o que quiera invertir en el sector de energéticos, tenga todas las facilidades en este país para poder operar sin restricción alguna.

“Estas reformas se convertirían en el mayor retroceso en materia ambiental de este país, al menos en los últimos 25 años. Esto quiere decir que México retrocedería todo lo que ha avanzado este país en temas de desarrollo y gestión ambiental”, Alberto Rojas Rueda, vocero de la campaña de Energía y Cambio Climático.

En energía y cambio climático el “paquete verde” disfraza la energía nuclear, las mega-hidroeléctricas y el gas natural de energías limpias.

Greenpeace consideró que México está en un momento decisivo, donde Peña Nieto está en posibilidad de evitar el mayor retroceso ambiental en la historia, al rectificar sus propuestas y encaminar las reformas hacia una política y una legislación ambiental que garanticen el futuro de los mexicanos.

En este periodo de sesiones, el Poder Legislativo recibirá de la Presidencia de la República la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, con un retraso de dos años respecto a lo mandatado por la reforma constitucional de 2012.

En otro momento, esta reforma sería muy importante para hacer viable la reforma constitucional que garantiza el derecho de todos los mexicanos a contar con agua potable, debido a que esto no ha sido posible en los últimos años, donde ríos y lagos han sido contaminados severamente por la industria y las aguas negras.



“Los datos son realmente crudos: el 70 por ciento de los cuerpos de agua mexicanos presentan algún tipo de contaminación. Y lo que hemos visto en los últimos años 55 años que la disponibilidad de agua per cápita ha disminuido en más de 60 por ciento”, detalló Silvia Díaz, vocera de Greenpeace México.

No obstante, los borradores y adelantos de los que tiene conocimiento Greenpeace van en sentido contrario al propósito de la Carta Magna.

“Ahora va a cumplirse pero no con las miras de garantizar el derecho humano al agua, sino con el objetivo de facilitar la operación que tiene la industria del sector energético para hacer uso del agua con fines energéticos, para fracking y para otras actividades como la geotermia, para enfriar plantas, tal vez nucleares”, agregó Alberto Rojas, vocero de la campaña de Energía y Cambio Climático.

Con la reforma en puerta se posibilita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a dar trasvases de una cuenca a otra para llevar agua donde no hay para realizar actividades extractivas de hidrocarburos, como el fracking, que requiere entre 9 y 20 millones de agua por pozo para funcionar.

Alberto Rojas adelantó que la nueva ley no prevé ninguna prohibición para inyectar sustancias tóxicas en los acuíferos, ni en el agua que se inyectará a los pozos de fracking, a fin de que aquellas industrias que estén interesadas en invertir en el sector del gas, no encuentren ninguna regulación que impida realizar este tipo de actividades.

Ante esto, la propuesta concreta es establecer en las futuras leyes que se discutan en el “paquete verde” incluyan la protección del agua contra su uso indiscriminado y contaminación tóxica. 

    REFORMA AL CAMPO CON TRANSGÉNICOS

Otra de las reformas que se será enviada al Congreso de la Unión en este periodo es la reforma al campo, pero a decir de Greenpeace no es la reforma que promovería el derecho de todos los mexicanos a contar con alimentos suficientes y de calidad, sino uno que promueva la industrialización del sector, a cualquier costo.

En otras palabras, la reforma al campo permitiría un modelo de agricultura industrial, que depende en gran medida de los hidrocarburos así como del uso de sustancias tóxicas que envenenan suelos, aguas, aire y los alimentos.

“Se viene un nuevo modelo de desarrollo en las zonas rurales, y este modelo busca eliminar esta forma tradicional de relación entre los campesinos y sus campos y su milpa, que mantenían la biodiversidad, los usos tradicionales, sin la intervención de las grandes trasnacionales”.

Lo anterior sumado al interés de su gobierno por fomentar el uso de transgénicos poniendo en riesgo una de las principales plantas que alimentan al mundo, el maíz, y con ello nuestra biodiversidad, cultura e identidad nacional.

“La tendencia es agruparlos en clusters con la finalidad de que de manera colectiva puedan ser sujetos de paquetes tecnológicos y así ofrecerles el uso de fertilizantes, pesticidas y agroquímicos, procedentes la mayor parte de hidrocarburos, así como de organismos genéticamente modificados como semillas transgénicas”.

La propuesta concreta es pedir al Presidente Enrique Peña Nieto que la reforma al campo promueva apoyos a los pequeños productores con base en una agricultura ecológica y sin transgénicos.

     DIPUTADOS PROMETEN INVERTIR EN AGUA



En tanto, el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, el Diputado Kamel Athie Flores, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se comprometió a buscar 27 mil millones de pesos en recursos para agua potable y saneamiento en el Distrito Federal, dentro del Presupuesto de Egresos 2015.

Afirmó, mediante un comunicado de prensa, que México sólo logrará la seguridad hídrica con la construcción de nueva infraestructura, cuyo rezago supera los treinta años, ya que en 33 años no se ha hecho nueva obra de abastecimiento.

El Diputado Athie Flores Proyecta planteó la necesidad de que los diputados aprueben de tres mil 500 a cuatro mil millones de pesos adicionales, respecto a la propuesta del Presidente Peña, a fin de sumar entre 26 a 27 mil millones para el sector.

Refirió que una de las preocupaciones de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento es el medio rural, por la falta de recursos de los gobiernos estatales y municipales a muchas obras hidráulicas que “no se concluyen y se dejan para después, pero nunca se hacen”, señaló el presidente de dicho órgano legislativo.

Y es que este miércoles, legisladores se reunirán con funcionarios de Conagua y Comisión de Aguas del Valle de México, para evaluar los programas que implementarán para el próximo año y la perspectiva de largo plazo para dar seguridad hídrica a los ciudadanos.

Fuente: http://www.sinembargo.mx/24-09-2014/1125456



Con Peña, reporta Inegi, más secuestros, más robos, más extorsiones…


MÉXICO, D.F. (apro).- En 2013, el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se recrudeció la incidencia de delitos y aumentó el número de personas y hogares víctimas de aquellos, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La institución presentó este martes los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE), que contiene la información definitiva de 2013.
De acuerdo con dichos resultados, de los 31.6 millones de hogares estimados en 2013, en unos 10.7 millones –es decir, en casi 34%– hubo, al menos, una víctima de delito durante ese año.
De otra forma: Uno de cada tres hogares mexicanos fue agredido por la delincuencia en el primer año de gobierno de Peña Nieto.
Para comparar, con la misma información de hoy del Inegi, en 2011 el porcentaje de hogares víctimas de delito fue de 30.4% y en 2012, de 32.4%; es decir, los dos últimos años de la administración de Felipe Calderón.
Con Peña subió a 33.9%.
Respecto de las personas de 18 años y más que fueron víctimas de delito, la ENVIPE arroja un resultado igual de peor para la actual administración:
En 2013 hubo 22.5 millones de agraviados, que son 900 mil más que los 21.6 millones de 2012.
El dato para 2013 en términos de tasa es de 28 mil 224 víctimas por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2012 fueron 27 mil 337 por cada 100 mil.
Es decir, en el primer año de Peña Nieto aumentó en 877 el número de personas víctimas de delito por cada 100 mil habitantes; un incremento de 3.2%.
Cabe destacar que los datos comparables, con los que se puede inferir una conclusión, el INEGI los presenta en notas al pie de la página, con un tamaño de letra casi microscópico. Como si no quisiera ese organismo, que es autónomo –y presidido por Eduardo Sojo Garza Aldape–,  incomodar al gobierno federal.
Pero las cifras son tan contundentes como acusatorias contra el actual gobierno federal.
Otro caso es la incidencia de delitos. En 2013 la encuesta señala que se cometieron 33.1 millones de delitos en agravio de 22.5 millones de personas. Eso representa una tasa de 1.5 delitos por víctima.
Un año antes, en 2012, fue de 27.8 millones de delitos en contra de 21.6 millones de víctimas, una tasa de 1.3 delitos por víctima.
El dato que más resalta es que en 2013 hubo 5.3 millones de delitos más que en 2012.
La incidencia de delitos, por tipo, según la ENVIPE fue la siguiente: Robo o asalto en la calle o en el transporte público, 29.6% de los casos.
La extorsión, que en 94% de los casos se hizo vía telefónica, ocupó el segundo lugar con 23.6% de los casos.
En tercer lugar se ubicó, con 12% del total de delitos, el robo total o parcial de vehículo.
En cuarto sitio, el fraude, con 9.6% de los casos. En quinto, las amenazas, con 9.2%. Y le siguen: Robo en casa habitación, 6.5%; robo distinto de los anteriores, 3.7%.
Las lesiones ocuparon un 3.1% del total de delitos. Y otros delitos, como secuestro, secuestro exprés delitos sexuales y otros registraron 2.9%.
Los datos sobre el secuestro son de escándalo y dejan mal parado al gobierno actual.
Dice la encuesta: En 2012 hubo 94 mil 438 víctimas de secuestro y en 2013 la cifra subió a 123 mil 470; es decir, 29 mil más víctimas de secuestro.
Casi un 31% más.
También: En 2012 se registraron 105 mil 682 “delitos de secuestro” y en 2013 se disparó el número a 131 mil 946. Un aumento de, “nada más”, 26 mil 264 delitos… Que es 25% por encima de los registrados un año antes.
La encuesta del Inegi estima, por otra parte, que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares, ascendió en 2013 a 213 mil 100 millones de pesos, que es 1.27% del Producto Interno Bruto (PIB).
El dato es resultado de sumar los gastos en medidas preventivas, las pérdidas económicas a consecuencia de los delitos y los gastos por los daños en la salud de las víctimas.
Un año antes, el costo por la inseguridad y el delito fue de 215 mil 200 millones de pesos, 1.34% del PIB.
Pero si es de escándalo el aumento en la comisión de delitos, lo es también la magnitud de la impunidad, prohijada por el sistema penal, que inhibe a las víctimas a recurrir a la justicia.
Bajo el subtítulo de “Cifra negra”, la ENVIPE señala que en 2013, 93.8% de los delitos cometidos no fueron denunciados o no se inició averiguación previa.
En 2012 la cifra negra fue de 92.1% de delitos no denunciados y en 2011 de 91.6%.
Las víctimas de delitos, pues, cada vez confían menos en la justicia.
Dice la encuesta, textual: “Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de las víctimas destaca la ‘perdida de tiempo’, con 31.4%, y la ‘desconfianza en la autoridad’, con 21%, dentro de las causas atribuibles a la autoridad”.
Y entre éstas están: “Por miedo a que lo extorsionaran”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconfianza en la autoridad” y “actitud hostil de la autoridad”.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=383502

Impunes, 93.8% de los delitos perpetrados en 2013: Inegi


México, DF. En el contexto del incremento de casi todos los delitos del fuero común en México, 93.8 por ciento de los perpetrados durante el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto quedaron impunes porque no hubo denuncia o no se inició averiguación previa, estima la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014.
La llamada cifra negra –número de delitos que no fueron denunciados o por los cuales no se inició averiguación previa– contrasta con la de países como Estados Unidos, Inglaterra y Gales, donde la impunidad es de 63 y 61 por ciento, respectivamente. Esta cifra, “que es una forma de medir el grado de confianza de la población en las instituciones”, es superior a 60 por ciento en todos los países donde se aplica la encuesta de victimización, informó Mario Palma, vicepresidente de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las entidades con cifra negra mayor a la nacional en 2013 fueron Guerrero, con 96.7 por ciento; el estado de México, con 96 por ciento y Michoacán, con 94 por ciento.
La cifra negra de 2013 es la más elevada de los pasados cuatro años, desde que en 2010 el Inegi realizó la primera encuesta de este tipo con apoyo metodológico de la Organización de las Naciones Unidas. La Envipe, explicó Palma, permite acercarse con relativa certeza a la forma en que evoluciona la criminalidad en México, y aclaró que delitos como delincuencia organizada, narcotráfico y tráfico de indocumentados no son susceptibles de medirse con este instrumento.
En 2010 la proporción de delitos impunes fue de 92 por ciento; al año siguiente bajó a 91.6; en 2012 se elevó a 92.1 y en 2013 ascendió a 93.8 por ciento, indicó por su parte Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, al presentar la Envipe 2014. “Prácticamente todos los delitos crecieron”, sintetizó.
La encuesta calcula que en 2013 se cometieron en el país 33.1 millones de delitos, de los cuales unos 31 millones quedaron impunes. Pero 65.6 por ciento quedaron en esa categoría “por causas atribuibles a la autoridad”, como miedo a la extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o por actitud hostil de la misma.
Estos 33.1 millones de delitos fueron cometidos contra 22.5 millones de personas de 18 años o más, es decir, 1.5 por víctima, mayor que el promedio de 1.3 de 2012. El hecho de que haya más delitos que víctimas se debe a que una persona ha sido más de una vez afectada por la delincuencia.
En 2013 la relación fue de 28 mil 224 personas agredidas por cada 100 mil habitantes, una tasa superior en 3.24 por ciento a la calculada en 2012 y 17.6 por ciento mayor a la de 2010.
Con resultados representativos de la población a escala nacional, la encuesta detectó que en 3 millones 641 hogares (33.9 por ciento del total) hubo al menos una víctima de delito en 2013, una proporción ascendente que en 2011 fue de 30.4 por ciento y de 32.4 en 2012.
En la geografía delincuencial del fuero común, en 2013 hubo 18 entidades que redujeron la prevalencia delictiva y 14 que la incrementaron. Entre las primeras sobresalieron Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Colima y Morelos. Pero donde se calculó la mayor tasa de víctimas fue en el estado de México, con 47 mil 778 personas por cada 100 mil habitantes, 64 por ciento por encima del promedio del país.
A escala nacional, “el incremento en la prevalencia delictiva se debe, en mayor medida, al aumento de los delitos más frecuentes, como robo, asalto en la calle o en el transporte público y la extorsión”, sostuvo Adrián Franco.
En cuanto a la incidencia delictiva, dijo, la Envipe estima que durante 2013 se cometieron 41 mil 563 delitos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Esa tasa fue 18.3 por ciento mayor a la calculada en 2012 y superó en 36 por ciento a la de 2010, cuando se calcularon 30 mil 535 delitos por cada 100 mil habitantes.
En orden de magnitud, el agravio más perpetrado fue “el robo o asalto en la calle o en el transporte público”, con 29.6 por ciento, y la extorsión, con 23.6 por ciento. Entre ambos representan 53.2 por ciento de la actividad delincuencial del fuero común del año pasado. En cuanto a la extorsión, se estima que 94 por ciento de los casos se llevaron a cabo por teléfono.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/30/en-primer-ano-de-gobierno-de-epn-quedaron-impunes-93-8-de-delitos-perpetrados-3893.html

lunes, 29 de septiembre de 2014

Estudiantes del IPN marcharán el próximo 2 de octubre, piden a Segob 'cero desalojos'


Durante la reunión también quedó pendiente de discutirse y aprobarse la posibilidad de que se pida la autonomía del Politécnico, particularmente en el contexto de violencia que vive el país.

Tras sumar a la Escuela Superior de Medicina (ESM) al paro de labores, los estudiantes del Movimiento “Todos Somos Politécnico” acordaron realizar una marcha a la Secretaría de Gobernación el próximo martes 30 de septiembre y sumarse a la manifestación del próximo 2 de octubre, fecha en la que se conmemora el 46 aniversario de la matanza estudiantil de 1968.

Durante una asamblea realizada en el campus Zacatenco que duró cerca de ocho horas, los estudiantes paristas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) refrendaron su petición de que el nuevo reglamento interno sea abrogado por completo y no sólo modificado de manera parcial, así como la marcha atrás de todos los planes de estudio que hayan sido modificados en el presente año.

El argumento de los estudiantes es que el nuevo reglamento interno atenta contra la libertad de expresión al sancionar con la expulsión del Politécnico a todo alumno o profesor que sea considerado irrespetuoso con los funcionarios del IPN, pero también que la nueva norma les reduce sus derechos académicos, ya que se eliminan los artículos que garantizaban la participación de los estudiantes en la investigación científica.

Por la noche, los alumnos seguían sin definir si sumaban a sus peticiones la solicitud de renuncia de la Directora General, Yoloxóchitl Bustamente Díez, por su negativa a escuchar los planteamientos de la comunidad politécnica en contra del nuevo reglamento.

De igual forma, también quedó pendiente de discutirse y aprobarse la posibilidad de que se pida la autonomía del Politécnico, particularmente en el contexto de violencia que vive el país.

Sobre las movilizaciones, los estudiantes en paro acordaron que el próximo martes a las 3 de la tarde, marcharán del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, con el fin de tomarle su ofrecimiento de diálogo al titular de la Segob, Miguel  Ángel  Osorio Chong, así como para exigirle al responsable de la política interior que no haya un desalojo masivo de todas las escuelas  que han sido tomadas por la comunidad politécnica.

Otra propuesta que al final logró ser consensuada es que estudiantes y profesores del IPN acudan a la marcha del próximo 2 de octubre, partiendo del Casco de Santo Tomás y acordando el orden de la misma con los líderes históricos  del Comité 68, pero evitando a toda costa caer en  provocaciones o cualquier acto violento, con el fin de que las autoridades no intenten descalificar a ese movimiento.

Fuente: http://noticiasmvs.com/#!/noticias/estudiantes-del-ipn-marcharan-el-proximo-2-de-octubre-piden-a-segob-cero-desalojos-76.html

martes, 23 de septiembre de 2014

Fox: “El Ejército no está para respetar los derechos humanos”


Fox hizo un paralelismo entre las maneras de gobernar de Calderón y Rick Perry, el gobernador de Texas que ha mandado a la guardia nacional a la frontera

El idilio entre el expresidente Vicente Fox (2000-2006) y el actual mandatario de México, Enrique Peña Nieto, vivió este lunes otro sonoro capítulo. El hombre que hace 14 años, a bordo del PAN, acabó con tres cuatros de siglo ininterrumpidos de asfixiante primacía del PRI, se deshizo en elogios hacia las reformas de Peña Nieto.
 “No soy priista, ni extiendo un cheque en blanco, sino que apoyo al hombre que tuvo la inteligencia de encontrar el camino del consenso y llegar al Pacto por México [el acuerdo que ha dado pie al programa reformista]”, dijo Fox. Estas alabanzas vinieron acompañadas por un ataque directo a su sucesor en la presidencia, Felipe Calderón (2006-2012), también del PAN.
 Contra él cargó su munición de mayor calibre y por el flanco que más duele a Calderón, el uso del arma militar en la guerra contra el narco. “Fue un error sacar al Ejército, fue una violación flagrante de los derechos humanos. El Ejército no está para respetar los derechos humanos. La entrada de los militares agitó el avispero, pero no funcionó.
 Ni se acabó con los carteles ni con la droga”, afirmó. “¿De qué sirvió esa guerra, se triplicó el número de homicidios respecto a mi mandato. No se puede vivir de un solo dogma. El gran cambio de Peña Nieto es haber abandonado esa política de tema único, él no habla de carteles ni de narcos, sino de otros asuntos que importan”, añadió en una reunión con periodistas para presentar un proyecto de inversión en México.
En su discurso, el expresidente aprovechó para comparar a Calderón con uno de los personajes más odiados de México: el gobernador de Texas,el republicano Rick Perry, cuya decisión de enviar a la Guardia Nacional a la frontera para cortar la entrada de inmigrantes ha indignado a su vecino del sur. “Les da igual que los migrantes sean niños o que busquen trabajo. La diferencia fundamental es que Perry y Calderón se hacen respetar por el miedo; mientras que el verdadero respeto se gana por la vía del diálogo y la ayuda. Yo no mandé al Ejército, yo construí centros de acogida. Si EEUU invirtiera lo que se gasta en muros y en su Guardia Nacional en crear puestos de trabajo en Centroamérica, no tendrían problema de inmigración ”, sostuvo Fox.
El antiguo mandatario, cuyas críticas a Calderón le han ocasionado serios quebraderos de cabeza en su partido y hasta un expediente de expulsión, abogó por la legalización de las drogas. Una ola, a su juicio, imparable, como demuestra el avance del uso medicinal de la marihuana. “La velocidad depende de la opinión pública, pero en Estados Unidos ya hay una mayoría favorable a la legalización y eso facilita el camino a Obama”, señaló. Para México, Fox también pronosticó rápidos pasos hacia delante, en especial, bajo el liderazgo de las inicitivas que se van a tomar en el Distrito Federal.
El otro eterno problema mexicano, la corrupción, también centró la atención del expresidente panista. Aunque sostuvo que había mantenido una batalla frontal contra esta lacra, reconoció que había quedado como un asunto irresuelto. “Es endémica y difícil de erradicar”, afirmó. De su mandato, señaló que no tuvo el apoyo de la oposición. “A Peña Nieto le ayudó encontrar un PAN que supo actuar de segunda orquesta; y un PRD no tan beligerante como el que me tocó. Cada uno tiene su circunstancia y la mía fue tener, no una piedra en el zapato, sino una roca llamada Manuel López Obrador [líder del PRD en el época]”, dijo Fox con amargura.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/22/actualidad/1411422182_529679.html

viernes, 5 de septiembre de 2014

Peña Nieto "sin estudios universitarios"; confirma el IFAI

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) consideró como inexistente el historial académico del presidente Enrique Peña Nieto.




Por lo tanto, no existe referencia de los lugares académicos por donde el mandatario cursó sus estudios.

Un particular solicitó en marzo conocer la preparación profesional del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y oficialmente no existe.

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) confirmó como “inexistente” en el acervo de la Presidencia de la República información sobre las instituciones educativas en las que estudió el Presidente Enrique Peña, así como sus promedios y calificaciones.

El ciudadano requirió en marzo pasado en su solicitud: “cuáles han sido las instituciones de educación básica, superior y de posgrado en las que ha estudiado el actual Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como los promedios obtenidos, y si se trata de instituciones pública o privadas”.

Sin embargo, dado que no es requisito contar con un currículum o tener títulos para ser Jefe del Ejecutivo, la Unidad de Enlace de la Presidencia descartó contar con los datos, y orientó al solicitante de la información para dirigir su petición al Instituto Federal Electoral (IFE).

Por tanto, los comisionados del IFAI resolvieron lo siguiente: “Dado que en efecto no es un requisito que el Presidente tenga ciertos estudios, licenciatura o ciertas calificaciones, confirmamos la inexistencia que respondió Presidencia”.

Fuente: http://www.tiempo.com.mx/

miércoles, 27 de agosto de 2014

Se amparan contra “tormenta de spots y anuncios” de EPN


Justine Dupuy, investigadora de Fundar, llamó a los gobernadores del país a no recurrir a la propaganda personalizada -como la del presidente Enrique Peña Nieto- para difundir sus acciones de gobierno.

Justine Dupuy, investigadora del área de transparencia del centro de investigación Fundar, detalló que su organización presentó un amparo contra lo que consideró como una “tormenta de spots y anuncios que invadió los medios con la cara y la voz del presidente“.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, señaló que la Constitución prohíbe la promoción personalizada de cualquier servidor público (“en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada…”pero indicó que el artículo 134 no está reglamentado.

Consideró que en los últimos años el informe de gobierno se convierte en el momento de mayor propaganda en el país, a cargo del erario.

“Se ha transformado en la cúspide de la propaganda del Estado”, sostuvo Dupuy.

Aseguró que la propaganda acalla los debates y verdaderos cuestionamientos, pero este abuso es la punta del iceberg de la propaganda gubernamental.

“En todos los niveles se reportan gastos millonarios, sobrejercicios, opacidad”, indicó. Lamentó que hasta ahora no se ha transparentado ni regulado la propaganda del gobierno.

Lo que les queda a los ciudadanos, indicó, es acudir al Poder Judicial, pues se “viola nuestro derecho a recibir información útil y oportuna”, precisó la investigadora.

Justine llamó a los gobernadores que también harán su informe de labores en septiembre -entre ellos Miguel Ángel Mancera y Eruviel Ávila- a que se comprometan a no hacer propaganda como la que hoy se difunde de EPN. Y dio a conocer que por lo pronto el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, ya se comprometió con Fundar a no hacer uso de su imagen, con el pretexto de su informe de gobierno.

El amparo que suscribió la investigadora y fue admitido por el Poder Judicial, es contra el artículo 242 de la nueva ley electoral, el cual señala que: “El informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe”.

Los firmantes señalan que ese artículo permite prácticas propagandísticas en el marco de la publicidad de los informes de gobierno a pesar de la prohibición constitucional.

Fuente: http://aristeguinoticias.com/2708/mexico/se-amparan-contra-tormenta-de-spots-y-anuncios-de-epn/