(11 de julio, 2014).- Todo lo que tiene que ver con la exigencia de pedir cuentas al gobierno federal sobre el uso y el abuso que hacen de los recursos provenientes de los pagos de impuestos, de las deudas, de las ventas petroleras –tanto de las contempladas como de los excedentes en envíos y precios-, de las exportaciones, de las inversiones de las reservas internacionales, de la venta o de las donaciones de los decomisos de contrabando, del dinero incautado a los narcotraficantes, de los fondos producto de la venta de las propiedades de los delincuentes, de las joyas y obras de arte que se embargan a deudores, y ahora hasta de las condonaciones que se hacen de gobierno a gobierno, ha pasado a ser un “secreto de Estado”, para los señores de Hacienda, para los que tienen la obligación de dar a conocer a los ciudadanos todos estos reportes de manera transparente, si es que su actuación es en consecuencia.
Ese y no otro, “secreto de Estado”, fue el argumento que utilizaron para negarse a dar la información al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos sobre el monto de la condonación del pago del Impuesto Sobre la Renta que hicieron a los gobiernos de los estados. Extraoficialmente se sabe que tal perdón asciende a la cantidad de 600 mil millones de pesos. La Suprema Corte, por su parte, negó el recurso de amparo solicitado para que los responsables de las Entidades devuelvan a la federación el dinero que les descontaron a sus trabajadores al aplicarles este impuesto. Nuestra Carta Magna es muy clara en cuanto a la aplicación de tributos se refiere al señalar que ésta debe ser igual y que la aplicación del gasto público debe ejercerse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Y es que esta es otra de las claras muestras del uso que hacen en la federación de los recursos de los trabajadores. De la misma manera en la que los gobernadores de las Entidades o sus secretarios de Finanzas o sus Tesoreros, hicieron uso indebido del dinero proveniente del descuento del ISR a los burócratas, manejaron el dinero de las pensiones y de todos los descuentos que hasta por cuotas sindicales se aplican. Porque resulta que los líderes de estas organizaciones también entablan fuertes pugnas para que les sean depositadas en sus cuentas las deducciones que les pertenecen. Así también dejan de entregar a quien corresponde lo captado para Fonacot, para Infonavit y para el ISSSTE o el Seguro Social según sea el caso. Igual que antes lo hacían con el IVA, cuando localmente era captado.
Puede entenderse que surjan imprevistos y que se utilice el dinero de otras partidas de manera momentánea y, si estos usos fueran para esto o para obras que no admiten demora porque son consecuencia de tragedias generadas por fenómenos naturales, bastaría con informar abiertamente cual ha sido su aplicación, pero en nuestro país la entrega de cuentas es un asunto que está vedado para los ciudadanos, un acceso a la información a la que no tienen derecho ni a través de los organismos que el propio gobierno creo para que fuera solicitada y hasta manipulada en su favor.
A través de la red Change.org, más de 40 mil ciudadanos se sumaron a la solicitud del grupo #YoContribuyente encabezada por Denisse Dresser, Jesús Silva Herzog Flores, Federico Reyes Heroles, Alejandra Palacios, presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica y una decena más de intelectuales, para presentar un amparo contra la decisión del SAT de condonar a Estados y Municipios el pago del ISR a sus trabajadores. La Suprema Corte rechazó el amparo y ahora se ha turnado a un nuevo ministro de la mayoría para que elabore una nueva ponencia. José Ramón Cossío, ministro, proponía reconocer que los contribuyentes tienen interés legítimo para promover amparos que cuestionen al gobierno sobre el ejercicio de los recursos públicos. El Pleno la desechó.
Sabido es que los integrantes de la “tremenda” Corte tienen decisiones que hablan suficientemente de la nula autonomía con la que operan y de la falta de interés que tienen por conservar la aplicación de la Ley con una tendencia que favorezca a los ciudadanos y con marcada señal de justicia, la negativa de este amparo y lo que su aprobación significaría es otra muestra de la misión que tienen de protección al gobierno en turno, no a la Nación y su pueblo. Si le dan entrada al amparo, como debería de ser, significará que todavía hay esperanzas de que los ciudadanos que pagamos impuestos podemos cuestionar, saber, conocer, la forma en la que el gobierno ejerce y administra el gasto público, lo cual por más IFAI que se tenga, ha resultado un imposible. Al mismo tiempo se abre la puerta para que se obligue a informar el porqué de los despilfarros, que se exija transparencia y que se denuncie de manera formal y con el respectivo respaldo legal la corrupción que, sin necesidad de grandes investigaciones, millones de mexicanos tenemos a la vista.
De nueva cuenta, tanto con la condonación como con la resolución de la Corte, se tiende un manto de protección a los gobernadores y a los presidentes municipales, dándoles al mismo tiempo las bendiciones para continuar con sus gastos sin comprobación y sin beneficio para sus gobernadores. Todo ello contradice abiertamente la pretensión que sostenía Jesús Murillo Karam, sin llegar todavía a ser el titular de la PGR, de meter al orden el gasto público y con ello las actuaciones de los alcaldes y de los mandatarios estatales que han sumido en deudas los territorios que gobiernan, abusado del uso de los recursos públicos, etcétera. Nada que pueda afectarlos porque, finalmente, en sus manos están las elecciones de los próximos años y eso, la conservación del poder es hoy por hoy lo preponderante.
El titular del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan E. Pardiñas, sostiene que debe evitarse que se queden en los Estados y Municipios con el 60 por ciento del ISR del 2013 y el 30 por ciento que corresponde al 2014. Señala Pardiñas que estamos al nivel de “castas tributarias” donde unos contribuyentes tienen privilegios y otros puras obligaciones”. Y de nuevo a la vista aparece que mientras para las empresas gigantes hay condonaciones, devoluciones inmediatas de IVA, créditos fiscales sin límite, aceptación de todo tipo de comprobación que les reduzca suficientemente el pago de tributos, se les reconocen fundaciones, asociaciones civiles dizque dedicadas a la asistencia pública o a la educación, cultura o deporte, a los medianos y pequeños los exhiben, los ponen contra la pared, se les persigue, les dan trato de delincuentes y pueden llegar a la cárcel por evasión fiscal. No conformes ahora el robo, que sigue siendo a los ciudadanos, es un botín que se comparte entre federación, Estados y Municipios.
Se hace presente el informe de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente al año 2012, en el cual quedó establecido que no se tiene un destino para todos los recursos y que de la cifra captada de 690 mil millones tendrían que devolver 414 mil millones. También debe tenerse presente que los golpes que se le dan al erario, a los contribuyentes, a los ciudadanos no proceden en su totalidad de la “tremenda” Corte, sino que tienen sus antecedentes en la Cámara de Diputados. Fueron los legisladores federales los que le dieron el visto bueno a esa condonación sin conocer la información completa por la simple y sencilla razón de que a ellos se las negó, igual que a los ciudadanos, los del SAT. Esos mecanismos de rendición de cuentas son para los del Sistema de Administración Tributario “información fiscal secreta”, “secreto de Estado”. Usted y yo, seguimos pagando.
Fuente: http://revoluciontrespuntocero.com/pena-maneja-las-finanzas-como-secreto-de-estado-oculta-condonacion-de-600-mil-millones/
