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lunes, 3 de noviembre de 2014

Ayotzinapa: A LOS ESTUDIANTES, "los tenemos en la Cueva del Diablo": SICARIO

Esa madrugada del miércoles pasado el sicario ya había bebido los suficientes mezcales para comenzar a fantochear.


"Nos los llevamos a la "Cueva del Diablo". Matamos a los más bravos y a los otros los tenemos ahí" —balbuceó frente a sus compañeros, un grupo de tipos de mala pinta. Hablaba de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En la mesa de al lado, un cliente solitario aguzó el oído para agarrar todos los detalles del relato. Había mucho que escuchar: La lengua se le había soltado al matón a sueldo en esa cantina de poca monta de Iguala, donde más de uno sabe que es de sentido común callar para mantener la cabeza pegada a los hombros, aún ahora, con la ciudad tomada por los federales.

Pero nuestro sujeto, aceitado por los mezcales, descartó toda regla de discreción. O dijo lo que sabía, o comenzó a imaginar cosas.

—"Los subimos a dos camiones de pescado y luego nos los llevamos en lanchas por el Balsas. Tenemos vivos a la mitad, en la cueva" —contó. Sus compañeros escuchaban atentos.

El sicario, o quien quiera que fuera, decía trabajar para "Los Guerreros Unidos". No era —y quedaba muy claro— un tipo prudente, menos con la guerra que se ha desatado con "Los Rojos" y con agentes de inteligencia por todos lados.

Vaya, medio Cisen se encuentra en el estado. Pero con solo una botella encima acababa de soltar la sopa a sus amigos de farra.

Dio varios detalles: la noche del 26 de septiembre balearon a tres en Iguala y luego tomaron camino hasta la presa El Caracol de madrugada, en una carretera que serpentea entre la montaña y que termina casi junto al agua.

Después de transportarlos en lanchas río abajo, a los muchachos se les había hecho marchar en fila india en la selva. No todos llegaron. Algunos murieron asesinados en el camino, sus cuerpos fueron lanzados por la borda.

El relato seguía con más detalles. La cueva en la que los tenían retenidos estaba a una hora y media en barco de Acatlán, en una localidad conocida como Acatlancillo, cerca de una cascada sin nombre. Más de la mitad de los normalistas seguían ahí, atrapados, bajo la custodia de una recua de narcos.

—"Están vivos" —insistió el sicario.

Y así, de súbito, el secreto mejor guardado de México se ventilaba en un bar, escapándosele a un tipo con tragos de más. A unos metros, en la mesa contigua, el cliente de oídos agudos, que en realidad era un policía comunitario de la Unión Popular de Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), dio las gracias a la mesera, pagó su trago y regresó a su campamento con la primicia.

En la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, un misterio que ha desafiado al Estado mexicano y al gobierno federal durante más cuatro semanas, había un nuevo, aunque poco probable y hasta disparatado rastro.

Pero la desesperación lleva a buscar en donde sea. A las fosas de Iguala, las de Cocula y los huesos sumergidos en el río San Juan se añadía la pista más extraña hasta el momento.

Invención o no, el relato fantástico fue tomado en serio en varios niveles, incluidos los oficiales. Abría la posibilidad de hallar con vida a estudiantes que hasta entonces habían sido buscados en pretérito, solo en fosas. Se trataba de algo tan sencillo como esperanza, de aquello que si no existe es reemplazado por la muerte, según define el antropólogo Michael Taussig.

“Sin la esperanza lo que queda es la muerte. La muerte del espíritu. La muerte de la vida, donde ya no hay sentido de regeneración o renovación”, sostiene.

Está muriendo de hambre

La Upoeg lleva un mes de trabajos casi heroicos. No vuelven a casa desde septiembre. Nadie les paga y tienen que racionar la gasolina. De día mal comen y de noche, cuando pueden, duermen en un campamento en el zócalo de Iguala.

Son como sabuesos alocados: andan por brechas y sierras donde nadie en su sano juicio se metería y en ese trajín han descubierto varias fosas con cuerpos. Han sido más eficientes que muchos criminalistas entrenados.

Pero comienzan a sufrir el desgaste de la búsqueda. Su ropa se ve sucia. Sus vehículos lucen más destartalados y polvosos de lo habitual, que ya es decir mucho.

Encima, varias esposas están sumamente molestas por la larga ausencia de sus hombres, que hace cuatro semanas se fueron a tratar de encontrar a los jovencitos de Ayotzi armados de machetes e imbuidos de un primordial sentido de justicia.

“Mi esposa me regañó el otro día, que cómo es que dejaba a mi familia, que me ponía en riesgo, que los ponía en peligro y yo le dije ‘¿y a la familia de esos chicos, qué? ¿A ellos quién los ayuda a encontrar a sus hijos?’”, dice Lucas Pita, un igualteco que dejó todo por ir a la búsqueda de los normalistas.

Es una opinión ampliamente extendida entre sus compañeros. “Vamos a encontrarlos vivos”, promete Crisóforo García, uno de los comandantes.

Pero no han encontrado nada. O lo que han hallado —en las fosas de Iguala—, aún no ha sido plenamente identificado. En tanto, con el paso de los días las provisiones ya comenzaron a escasear.

“Ojalá nos comiencen a apoyar los empresarios con gasolina. Es muy difícil trasladarnos de una comunidad a otra todos los días”, sostiene Lino Ponce, asistente de Bruno Plácido, líder y creador de la policía comunitaria guerrerense, que desde hace casi dos años mantiene su propia guerra contra la delincuencia organizada en varios municipios de Guerrero.

Desde que se involucraron en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, los comunitarios de la Upoeg andan a la caza de pistas donde puedan encontrarlas, como todos unos detectives tropicales.

Cualquier dicho, cualquier rumor, es digno de ser revisado. Una fosa en el cerro: hay que ir. Una casa de seguridad en el pueblo: hay que revisarlo. Ropa en la montaña: puede ser de los chicos.

“A estas alturas hay que descartar toda posibilidad”, dice don Migue, uno de los líderes de la columna estacionada en Iguala, donde han establecido una base de operaciones. Se trata de un campamento de casas de campaña al que a diario llegan datos y versiones.

Fue así como esta semana les llegó el rumor de la "Cueva del Diablo" y una misión se organizó al Nuevo Balsas, en uno de los confines más remotos de Guerrero, en la presa de El Caracol.

El dato les resultó tan interesante que los comunitarios se acercaron a la Gendarmería, que por estos días ya está en Guerrero, con una petición:

-¿No prestan algunos hombres y helicópteros para ir a la cueva?

La Policía Federal, tan hambrienta y desesperada por encontrar pistas como la Upoeg dijo "sí".

¿Qué tiene que ver el diablo?

Muchos lugares tienen su "Cueva del diablo". Son sitios que se prestan al mito y que generalmente involucran a un demonio que habita en su interior, donde lleva almas robadas. 

Una interpretación antropológica dicta que la caverna inconscientemente es asociada con una entrada al inframundo y, por ende, con la maldad. De ahí la replicación del mito en varios estados y países. En Iztapalapa hay una. En Mazatlán, otra. En Veracruz hay al menos dos. Alemania tiene la suya. Hay en Florida, Bulgaria, Brasil, Japón y Australia.

En Guerrero hay dos. La que nos atañe y que de alguna manera se filtró al tema Ayotzinapa, se encuentra cerca de Nuevo Balsas, a unos 30 kilómetros de Cocula, donde la Procuraduría General de la República realiza peritajes en un tiradero a cielo abierto y en el río San Juan. En ambos han sido hallados restos óseos y osamentas.

El jueves pasado, eran las 12 del día y una larga columna de gendarmes y comunitarios esperaba en el embarcadero de Nuevo Balsas a que un helicóptero Blackhawk terminara las labores de reconocimiento en el área circundante a la "Cueva del Diablo".

Los federales iban armados hasta los dientes. La Upoeg llevaba varas y machetes.

Formados junto a los botes, los gendarmes escucharon la advertencia de su comandante. “Hay que estar precavidos”, les dijo. “No hay condiciones en esa zona. Hay mucho plantío de mariguana y amapola”.

En un mapa, los federales trazaron las siguientes coordenadas: latitud 17 grados, 55 minutos, cero segundos norte por longitud 99 grados, 58 minutos y 30 segundos oeste.

"La Cueva del Diablo" estaba trazada en un punto rojo.

Fuente: http://www.notinfomex.org/2014/11/ayotzinapa-los-estudiantes-los-tenemos.html

martes, 26 de agosto de 2014

Cruento II Informe de Gobierno: 36 mil 718 ejecuciones en México


Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Jalisco son los cinco estados con más homicidios intencionales, indica 'Zeta'.

*Texto íntegro del Semanario ZETA
No puede Enrique Peña Nieto bajar la incidencia delictiva relacionada con homicidios tal como lo pregonó en campaña presidencial en 2012 y en sus primeros meses de gobierno, luego de 20 meses de administración y a propósito de su II Informe de Gobierno.
El Ejecutivo Federal inició su administración el 1 de diciembre de 2012 con la promesa de que “en un año” se empezarían a ver resultados de la supuesta estrategia contra el crimen organizado, la violencia e inseguridad y que por lo tanto habría una hipotética “disminución” en los delitos que más aquejan a los mexicanos como es el caso de los homicidios tanto dolosos como culposos.
Ante la ausencia de datos duros que respalden los dichos de Enrique Peña Nieto, su gobierno prefiere encabezar una cruzada mediática repitiendo la misma perorata aferrándose a la premisa “Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad” (del alemán Joseph Goebbels basado en ruso Vladimir Lenin) que tanto les gusta a los propaganderos de los gobiernos totalitarios.
Tanto Enrique Peña Nieto como Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario de Gobernación, han comprado esa idea para repetirla hasta el cansancio en cuanto foro se presenten para borrar por decreto a los muertos que aparecen todos los días en las zonas urbanas y suburbanas del cementerio mexicano, desde colgados hasta decapitados, desenterrados de narcofosas o encajuelados, incinerados y desmembrados, despellejados o hasta con el tiro de gracia.
Cuando el Ejecutivo Federal acudió al Foro de Davos en enero de 2013 declaró que “ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente el 30 por ciento de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador”.
Y luego, de plano Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, declaró el 29 de julio de 2014: “La violencia se ha reducido a su mínima expresión”.
Ésos han sido los relatos que los peñistas repiten en los días previos al II sangriento Informe de Gobierno.
EPN supera a Calderón
La administración de Enrique Peña Nieto es ya más cruenta que la gestión de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa. Las estadísticas oficiales así lo confirman.
Para empezar, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante los primeros 20 meses de gobierno peñista, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014 fueron registradas 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo, mientras que en los primeros 20 meses de administración calderonista (del 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2008) la suma fue de 43 mil 694; es decir, el gobierno priísta supera al panista con 14 mil 205 homicidios tanto culposos como dolosos.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, durante los primeros 20 meses de gobierno peñista, en el rubro de homicidios dolosos se registraron 29 mil 417 averiguaciones previas; aunque en los primeros 20 meses de administración de Calderón se registraron 18 mil 451 en el mismo rubro del total de asesinatos intencionales.
Durante los últimos 20 meses del calderonato, el SNSP reportó oficialmente 37 mil 421 “averiguaciones previas” por homicidio doloso.
Tal como lo ha venido haciendo documentando en los últimos años, Semanario ZETA investigó la cantidad de homicidios dolosos en los primeros 20 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Recurriendo como metodología a la contraposición de la información recabada en las diversas fiscalías y procuradurías, registros hemerográficos o de asociaciones civiles, servicios periciales e institutos forenses locales, Semanario ZETA documentó que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014 sucedieron en el país 36 mil 718 homicidios dolosos, cifra que a las “Ejecuciones”, “Enfrentamientos”, “Homicidios-Agresiones”, los homicidios dolosos producto del narcomenudeo y hasta los supuestos “crímenes pasionales” con arma de fuego de alto calibre o con el tiro de gracia; los datos duros evidentemente son superiores a las 29 mil 417 averiguaciones previas por el mismo concepto que reporta el SNSP en el mismo período.
INEGI ya no reporta total de asesinatos
Durante el sexenio de Felipe Calderón, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), registró puntualmente los homicidios dolosos en el país; no obstante, en la administración de Enrique Peña Nieto el Instituto reporta menos homicidios dolosos que las propias procuradurías y fiscalías de los estados.
Por ejemplo, el 23 de julio de 2014, en su boletín de prensa número 301/14, el INEGI reportó solo 22 mil 732 homicidios dolosos. El Instituto aclaró que se trata de “cifras preliminares con corte al 10 de julio del 2014, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística”; pero el gobierno de Enrique Peña Nieto ya toma la estadística como definitiva para pregonar la supuesta disminución del 30 por ciento en asesinatos.
Recurriendo principalmente como fuente a diversas procuradurías y fiscales, instituciones forenses y ministerios públicos, Semanario ZETA documentó que en realidad en 2013 sucedieron en el país 23 mil 850 homicidios dolosos; es decir, el INEGI no informó de por lo menos mil 118 homicidios dolosos sucedidos en ese año.
Semanario ZETA investigó en cada una de las entidades federativas para detectar en cuáles las procuradurías y fiscalías registraban el total de homicidios dolosos, a diferencia de las estadísticas menores que reporta el INEGI; el resultado fue sorprendente: En el estado de Jalisco en 2013 sucedieron mil 584 homicidios dolosos y no mil 485 como reportó el INEGI el 23 de julio; en pocas palabras, el INEGI no consideró por lo menos 99 homicidios dolosos de ese año.
En Baja California, Semanario ZETA documentó con información del Consejo de Seguridad que en 2013 ocurrieron 865 asesinatos dolosos; mientras que el INEGI solo reportó 770; es decir, el Instituto no informó de por lo menos 95 homicidios dolosos en ese año. Incluso, el SNSP informó de 775 “averiguaciones previas” por homicidio doloso, es decir, más averiguaciones previas que asesinatos intencionales incluso cuando se sabe que una expediente puede tener hasta dos o más víctimas.
Otro ejemplo claro es Michoacán: Información derivada del gobierno estatal y registros hemerográficos reveló que en 2013 en ese estado acaecieron mil 415 muertes por homicidio doloso; pero el INEGI solo informó que sucedieron 916.
En el caso de Sinaloa, autoridades estatales reportaron mil 292 homicidios dolosos sucedidos en 2013 en esa entidad, en tanto que el INEGI solo informó de mil 200.
Y así, sistemáticamente, en el sexenio de Enrique Peña, el INEGI ya reporta menos homicidios dolosos que las procuradurías, fiscalías, ministerios públicos e instituciones forenses.
El sexenio de los accidentes
Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa su campaña de “disminución en la incidencia delictiva”, “homicidios a la baja”, o como dice Osorio Chong que “la violencia se ha reducido a su mínima expresión”, y en tanto el INEGI ya no reporta el total de homicidios dolosos, a la par aumentan los “accidentes”.
Por ejemplo, en los primeros 20 meses de gobierno calderonista sucedieron 25 mil 243 averiguaciones previas por homicidio culposo, es decir accidentes; mientras que en los primeros 20 meses del gobierno peñista la suma ascendió a 28 mil 482; es decir Peña Nieto supera a Calderón Hinojosa con 3 mil 239 “accidentes”.
Incluso, en los últimos 20 meses de gobierno panista el SNSP informó sobre 26 mil 333 averiguaciones previas por homicidio culposo y, como ya se anotó, en los primeros 20 meses de administración priísta la cifra ascendió a 28 mil 482; es decir, en el periodo de 20 meses antes y 20 después del cambio de color en el gobierno federal, los accidentes aumentaron en 2 mil 149.
Los más violentos
Luego de una investigación minuciosa en cada una de las entidades federativas, ZETA documentó 36 mil 718 homicidios dolosos, en los primeros 20 meses de gobierno peñista, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014.
El Estado de México, que gobierna el priísta Eruviel Ávila, es líder en cadáveres: Este Semanario documentó que la entidad gobernada por Enrique Peña Nieto entre 2005 y 2011registró 4 mil 876 homicidios dolosos en los primeros 20 meses de gobierno tricolor.
El segundo estado más violento es Guerrero, con 3 mil 301 homicidios dolosos; le sigue en tercer sitio el estado de Chihuahua con 3 mil 062 homicidios dolosos; después Michoacán con 2 mil 403 y en quinto escaño se ubica Jalisco con 2 mil 385.
Hay que considerar que la zona que incluye el Estado de México, Guerrero, Michoacán y Jalisco concentra 12 mil 965 homicidios dolosos, cantidad que representa el 35 por ciento del total de 36 mil 718.
Información recabada por este Semanario de las procuradurías y fiscalías estatales revela que Acapulco es la ciudad más violenta con mil 371 homicidios dolosos sucedidos en los primeros 20 meses de gobierno peñista; mientras que el segundo lugar es para el Distrito Federal con mil 267 en el mismo período.
El municipio de Tijuana, o la “ciudad modelo” tanto Calderón como de Peña, continúa en el tercer sitio con 897 homicidios dolosos cometidos en los primeros 20 meses de gobierno peñista; mientras que Ciudad Juárez se ubica como la cuarta ciudad más violenta con 779 homicidios dolosos en el mismo período y Ecatepec, Estado de México, los homicidios dolosos ascendieron a 769 en el mismo lapso.
Homicidios dolosos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto
(Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014)
NÚM.
ESTADO
TOTAL
1
Estado de México
4,876
2
Guerrero
3,301
3
Chihuahua
3,062
4
Michoacán
2,403
5
Jalisco
2,385
6
Sinaloa
2,050
7
Distrito Federal
1,649
8
Tamaulipas
1,636
9
Baja California
1,406
10
Nuevo León
1,333
11
Coahuila
1,199
12
Oaxaca
1,197
13
Veracruz
1,180
14
Guanajuato
1,180
15
Sonora
1,052
16
Morelos
1,002
17
Chiapas
866
18
Durango
782
19
Puebla
775
20
Zacatecas
556
21
San Luis Potosí
511
22
Tabasco
357
23
Quintana Roo
348
24
Nayarit
329
25
Colima
308
26
Hidalgo
305
27
Querétaro
175
28
Tlaxcala
145
29
Campeche
116
30
Baja California Sur
85
31
Yucatán
75
32
Aguascalientes
74
TOTAL
36,718

Ciudades y municipios más violentos en el sexenio de EPN
(Homicidios Dolosos del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014)
LUGAR
CIUDAD
CANTIDAD
1
Acapulco, Guerrero
1,371
2
Distrito Federal
1,267
3
Tijuana, Baja California
897
4
Ciudad Juárez, Chihuahua
779
5
Ecatepec, Estado de México
769
6
Culiacán, Sinaloa
751
7
Chihuahua, Chihuahua
549
8
Torreón, Coahuila
511
9
Monterrey, Nuevo León
458
10
Guadalajara, Jalisco
416
FUENTE: Procuradurías y fiscalías estatales