Peña “respalda a los pueblos originarios”, mientras líder de la Tribu Yaqui es detenido sin pruebas

(23 de septiembre, 2014).- Este 22 de septiembre, Enrique Peña Nieto, durante la sesión plenaria de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que “el gobierno de México respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y calidad de vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país”, sin embargo, estas declaraciones se dan en el marco de la detención –sin pruebas, según representantes de la Tribu Yaqui– de Mario Luna, vocero de la Tribu y quien fuera detenido el pasado 11 de septiembre, acusado de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo.

Mario Luna fue detenido en Ciudad Obregón a las diez de la mañana del pasado 11 del presente mes, cuando transitaba en el vehículo de un amigo, con rumbo a una gasolinera. El vocero fue interceptado por un vehículo blanco sin logotipo. Según Luna, en ningún momento le dijeron el motivo de la detención, sólo le informaron que lo presentarían en “la oficina”.

Para el vocero, su detención “tiene que ver con el clima político que prevalece en el estado de Sonora, pues es prácticamente un linchamiento político de parte de Padrés” señaló en días después de su detención.

Diferentes actores sociales vinculados a la clase política o movimientos sociales, como Cuauhtémoc Cárdenas –ex candidato a la presidencia en 1988, 1994 y 2000–; Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD); Alberto Patishtán, encarcelado por 13 años y caso emblemático de la fabricación de delitos por parte del Estado y el historiador Adolfo Gilly se han manifestado para exigir la libertad del vocero Yaqui, Mario Luna.

El Acueducto Independencia sigue

En este contexto, y aunado a las declaraciones de Peña Nieto, cabe recordar que el 8 de mayo pasado se cumplió un año de que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde ampara a la Tribu Yaqui, y reconoce la violación al derecho a la consulta por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pues no consultaron a las comunidades para la construcción del Acueducto Independencia, en Sonora.

A pesar de las declaraciones del presidente y la resolución de la SCJN, el acueducto se mantiene en operación mientras se explota una gran cantidad de agua que pertenece a la Tribu Yaqui desde tiempos de Lázaro Cárdenas. Este actuar le ocasiona “un daño irreparable a la subsistencia cultural de estas comunidades y se trata, ni más ni menos, de un acto ilegal de la SEMARNAT”, según los representantes de la Tribu.

Peña, además mencionó en su participación en la Conferencia de los Pueblos Indígenas, que en cumplimiento de compromisos internacionales, “se ha establecido diálogo respetuoso y directo con las comunidades para orientar políticas públicas y proyectos de infraestructura en sus áreas de influencia”, sin embargo, aunque oficialmente se asegura que el proyecto del acueducto  beneficiará a los pobladores de Hermosillo, los Yaquis han subrayado en reiteradas ocasiones que únicamente la industria sacará provecho.

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2013, “los efectos negativos (de la obra) es que puede ocasionar un trasvase de agua intercuenca, tanto en la cuenca que cede sus recursos como en la que los recibe”; además, continúa el informe, “la relación que históricamente los Yaquis han mantenido con la naturaleza es central para la reproducción de su cultura. En el caso de la tierra, ha proveído a los Yaquis de los elementos necesarios para su subsistencia por medio de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura”, esto último, como una consecuencia del orden sociocultural.

Fuente: http://revoluciontrespuntocero.com/pena-respalda-a-los-pueblos-originarios-mientras-lider-de-la-tribu-yaqui-es-detenido-sin-pruebas/

El Pacto por México terminó, ya dio de sí: EPN

El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que las reformas fueron aprobadas por el bien de México y los mexicanos.

En un programa televisivo pregrabado, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el Pacto por México terminó: “ya dio de sí”, que las reformas se aprobaron por el bien del país y no por popularidad, e indicó que Comisión Nacional Anticorrupción está en el Congreso, pero ya esta una fiscalía en la PGR y que solo falta el nombramiento del titular.

En un entrevista con conductores de espacios noticiosos, denominado “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, el titular del Ejecutivo Federal habló del Pacto por México, las reformas estructurales, principalmente la energética, la implementación, la corrupción y el crecimiento económico.

En la grabación realizada el lunes en Palacio Nacional, el primer mandatario coincidió con varios políticos al decir que el Pacto por México llegó a su fin. 

En lo que será una serie de cinco programas, en esta ocasión fueron invitados, Denise Maerker, Lily Téllez, Ciro Gómez Leyva, León Krauce, y Pascual Beltran, quienes hicieron preguntas de temas determinados por el moderador. 

Ahí, Peña Nieto defendió las reformas estructurales 10 impulsadas en su Gobierno y –dijo- una que fue aprobada en el periodo de transición. Los conductores cuestionaron por qué no se ha impulsado la Comisión Nacional Anticorrupción de la misma forma que las reformas para poder verificar la operación de las grandes petroleras.

Al respecto Peña Nieto, respondió que la transparencia viene siendo una especie de lucha contra la corrución, argumento que la iniciativa está en el Congreso y que en su caso una fiscalía en la materia ya esta en la PGR, sólo falta el nombramiento del titular.

El Presidente de México dedicó la mayor parte del programa a defender las reformas estructurales y dar a conocer sus beneficios para la población como la creación de empleo, la competitividad, tener energías limpias y tener un crecimiento económico cercano al 5 por ciento cuando se termine de implementar las reformas. 

En este sentido, el jefe de la nación al ser cuestionado insistentemente sobre la garantía de que las reformas traerán beneficios y que no serán usadas para crear nuevos ricos, respondió que será el tiempo y la sociedad quienes determinen sí fueron buenas los cambios promovidos por su gobierno.

Fuente: http://noticiasmvs.com/#!/noticias/el-pacto-por-mexico-termino-ya-dio-de-si-epn-164.html

10 consecuencias negativas de la Reforma Energética de Peña Nieto, según Forbes

10 consecuencias negativas de la Reforma Energética de Peña Nieto, según Forbes

Por Proyecto Diez

(12 de agosto, 2014).- El analista de Forbes.com, Sergio Saldaña Zorrilla, hace una lista de las 10 consecuencias económicas graves.
Es decir, con la Reforma Energética, que tantas bondades tiene según el Gobierno Federal, perdemos una oportunidad histórica de acelerar la economía del país. Perdemos todos. El petroleo no ha servido como palanca del desarrollo económico.

Ayer, Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la Reforma Energética.

Estas son, según este analista, las 10 principales consecuencias (negativas) en la economía de la Reforma Económica y sus leyes secundarias. Te compartimos el texto completo, que publica Forbes.

1. Rápido agotamiento de reservas petroleras. Si bien es cierto que la agresiva estrategia de extracción de hidrocarburos que esta reforma se propone sí aumentará la producción petrolera, también es cierto que agotará más rápido nuestras reservas de petróleo. Si los cerca de 14,000 millones de barriles de nuestras reservas probadas¹ nos iban a durar 10 años más a la actual tasa de extracción y reposición, con esta reforma nos durarán mucho menos. Lo anterior, combinado con nuestro actual subdesarrollo tecnológico en energías renovables, nos hará perder rápidamente nuestra soberanía energética.

2. Se pierde la oportunidad de empujar la productividad de nuestra economía. Siendo estratégicos, ese petróleo debería servirnos para nuestro desarrollo, para aumentar la competitividad de nuestra industria nacional por medio del abastecimiento barato de insumos derivados de hidrocarburos al resto de la industria mexicana.

3. Aumenta la carga fiscal a Pemex. El aumento de la carga fiscal se puede observar en lo dispuesto: i) en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo; ii) en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y iii) en las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de este paquete de leyes secundarias. Ahora se exige que Pemex contribuya al menos con el 4.7% del Producto Interno Bruto a fin de que continúe sosteniendo cerca de la tercera parte del presupuesto federal. Entonces, ¿dónde está la presunta descarga fiscal a Pemex de la que tanto se ha alardeado en el discurso oficial?

4. No se generarán empresas nacionales significativamente. La mayor parte de empresas en el sector energético serán extranjeras. Igualmente, al no existir actualmente un sector bancario nacional con la capacidad financiera requerida para respaldar las inversiones previstas, habrá una influencia creciente de instituciones financieras extranjeras en el sector. Hoy tenemos serios problemas de integración de nuestra industria; las propias secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía han sido hasta ahora incapaces de articular una estrategia económica de largo alcance a la altura de las necesidades del país; el país sigue sin rumbo económico, sin una definición clara y ordenada de metas; carecemos de una agenda de desarrollo… ¿Y aún así este gobierno federal se aventura a dejar en manos de empresas multinacionales nuestras reservas petroleras? ¿Le parece poco el bajo dinamismo actual de la economía mexicana como para debilitarla aún más con la sistemática fuga de activos del país que generará esta reforma energética?

5. No aumentarán significativamente el nivel actividad económica y de generación de empleos. La renta petrolera representa el 6.8 %PIB², por lo que aun aumentando la producción como lo proyecta el gobierno federal, esto no incidirá significativamente en la tasa de crecimiento del PIB.

6. Aumentará la concentración del ingreso y habrá transferencia de riqueza al extranjero. La Ley de Hidrocarburos prevé requisitos para la asignación de contratos que difícilmente cumplirían empresas nacionales (incluyendo al propio Pemex).
Muy pocas empresas mexicanas realizarían actividades en el sector con los perfiles requeridos. Unas pocas empresas –en su mayoría extranjeras– generarían utilidades, pero las transferirán a sus matrices en el extranjero.

Si los diputados y senadores que aprobaron esta legislación desconocen la historia de México y no sabían que las condiciones de marginación y dependencia, como las que aquí estoy advirtiendo, son justamente las que llevaron al estallido de la Revolución Mexicana de 1910, ¿acaso entonces también desconocen los errores de otros países?

Los desastrosos resultados micro y macroeconómicos en otros países debería ser suficiente razón para dar marcha atrás a esta reforma energética. Las consecuencias en todos los países donde se han implementado reformas como ésta son: aumento de la pobreza, pérdida de control gubernamental, desmantelamiento de la industria nacional, fuga de capitales, destrucción del patrimonio nacional (incluyendo el medio ambiente), intervención extranjera, entre otras consecuencias. Véanse los casos de: Nigeria, Kazajstán, Ceylán, Egipto, Irán, Libia, India, Paquistán, Chad, Camerún, entre otros³.

7. El gasto público continuará destinándose mayoritariamente a gasto corriente. Aun cuando partes de esta legislación prevén destinar ingresos petroleros a fondos de inversión, estos fondos ocupan un bajo porcentaje de estos ingresos comparado con el porcentaje destinado a gasto corriente. Por lo anterior, el impacto de las inversiones seguirá siendo bajo.

8. No se generará ahorro de largo plazo por ingresos petroleros y muy probable aumentará la deuda pública. Ello va en detrimento de nuestros hijos. Véanse las condiciones –prácticamente imposibles de alcanzar– en las que podría generarse ahorro de largo plazo de los ingresos petroleros previstas en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, así como las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por su parte, la Ley General de Deuda Pública da autonomía de endeudamiento a Pemex, a lo cual recurrirá constantemente, pues no dispondrá de sus utilidades.

9. No contribuirá a reducir la pobreza, y una vez agotado el petróleo, los niveles de pobreza pueden dispararse. Esta reforma podrá contener por algún tiempo el aumento en los niveles actuales de pobreza, en tanto el gobierno pueda continuar recargándose fiscalmente en Pemex. Sin embargo, a medida que la producción de Pemex decline y las multinacionales hagan efectivas las benévolas condiciones de sus contratos, el gobierno federal no dispondrá de más ingresos petroleros. Esa brecha presupuestal impedirá disponer de recursos para evitar que se disparen aún más los niveles de pobreza en el país.

10. Se desaprovecharán recursos para atacar los determinantes estructurales de la pobreza en México. Esta reforma, al igual que el resto de la política económica y social del país, carece de mecanismos que ataquen los determinantes estructurales de la pobreza. La legislación secundaria no tiene una conexión con inversiones en la reducción estructural de la pobreza. A lo anterior se suma el debilitamiento de la industria nacional (proveedora de empleos), la incertidumbre de los precios de los energéticos para los sectores social y productivo, debido a que la fijación de precios quedará fuera del alcance regulatorio gubernamental, y de condiciones laborales precarias e inciertas para los trabajadores. La insostenibilidad financiera de los programas sociales será, entonces, el callejón sin salida en el que nos habrá metido esta reforma.
Estas consecuencias interactuarán en conjunto formando un círculo vicioso de baja producción de Pemex, transferencia de riqueza al exterior, baja inversión pública, insuficiente creación de empleos y debilitamiento del mercado interno, con lo que la presión sobre Pemex vuelve a aumentar, sosteniéndose una alta carga fiscal a Pemex, que le impe

Fuente: http://revoluciontrespuntocero.com/10-consecuencias-negativas-de-la-reforma-energetica-de-pena-nieto-segun-forbes/

Peña maneja las finanzas como “secreto de Estado”: oculta condonación de 600 mil mdp

Peña maneja las finanzas como “secreto de Estado”: oculta condonación de 600 mil mdp

(11 de julio, 2014).- Todo lo que tiene que ver con la exigencia de pedir cuentas al gobierno federal sobre el uso y el abuso que hacen de los recursos provenientes de los pagos de impuestos, de las deudas, de las ventas petroleras –tanto de las contempladas como de los excedentes en envíos y precios-, de las exportaciones, de las inversiones de las reservas internacionales, de la venta o de las donaciones de los decomisos de contrabando, del dinero incautado a los narcotraficantes, de los fondos producto de la venta de las propiedades de los delincuentes, de las joyas y obras de arte que se embargan a deudores, y ahora hasta de las condonaciones que se hacen de gobierno a gobierno, ha pasado a ser un “secreto de Estado”, para los señores de Hacienda, para los que tienen la obligación de dar a conocer a los ciudadanos todos estos reportes de manera transparente, si es que su actuación es en consecuencia.

 Ese y no otro, “secreto de Estado”, fue el argumento que utilizaron para negarse a dar la información al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos sobre el monto de la condonación del pago del Impuesto Sobre la Renta que hicieron a los gobiernos de los estados. Extraoficialmente se sabe que tal perdón asciende a la cantidad de 600 mil millones de pesos. La Suprema Corte, por su parte, negó el recurso de amparo solicitado para que los responsables de las Entidades devuelvan a la federación el dinero que les descontaron a sus trabajadores al aplicarles este impuesto. Nuestra Carta Magna es muy clara en cuanto a la aplicación de tributos se refiere al señalar que ésta debe ser igual y que la aplicación del gasto público debe ejercerse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

 Y es que esta es otra de las claras muestras del uso que hacen en la federación de los recursos de los trabajadores. De la misma manera en la que los gobernadores de las Entidades o sus secretarios de Finanzas o sus Tesoreros, hicieron uso indebido del dinero proveniente del descuento del ISR a los burócratas, manejaron el dinero de las pensiones y de todos los descuentos que hasta por cuotas sindicales se aplican. Porque resulta que los líderes de estas organizaciones también entablan fuertes pugnas para que les sean depositadas en sus cuentas las deducciones que les pertenecen. Así también dejan de entregar a quien corresponde lo captado para Fonacot, para Infonavit y para el ISSSTE o el Seguro Social según sea el caso. Igual que antes lo hacían con el IVA, cuando localmente era captado.

Puede entenderse que surjan imprevistos y que se utilice el dinero de otras partidas de manera momentánea y, si estos usos fueran para esto o para obras que no admiten demora porque son consecuencia de tragedias generadas por fenómenos naturales, bastaría con informar abiertamente cual ha sido su aplicación, pero en nuestro país la entrega de cuentas es un asunto que está vedado para los ciudadanos, un acceso a la información a la que no tienen derecho ni a través de los organismos que el propio gobierno creo para que fuera solicitada y hasta manipulada en su favor.

 A través de la red Change.org, más de 40 mil ciudadanos se sumaron a la solicitud del grupo #YoContribuyente encabezada por Denisse Dresser, Jesús Silva Herzog Flores, Federico Reyes Heroles, Alejandra Palacios, presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica y una decena más de intelectuales, para presentar  un amparo contra la decisión del SAT de condonar a Estados y Municipios el pago del ISR a sus trabajadores. La Suprema Corte rechazó el amparo y ahora se ha turnado a un nuevo ministro de la mayoría para que elabore una nueva ponencia. José Ramón Cossío, ministro, proponía reconocer que los contribuyentes tienen interés legítimo para promover amparos que cuestionen al gobierno sobre el ejercicio de los recursos públicos. El Pleno la desechó.

 Sabido es que los integrantes de la “tremenda” Corte tienen decisiones que hablan suficientemente de la nula autonomía con la que operan y de la falta de interés que tienen por conservar la aplicación de la Ley con una tendencia que favorezca a los ciudadanos y con marcada señal de justicia, la negativa de este amparo y lo que su aprobación significaría es otra muestra de la misión que tienen de protección al gobierno en turno, no a la Nación y su pueblo. Si le dan entrada al amparo, como debería de ser, significará que todavía hay esperanzas de que los ciudadanos que pagamos impuestos podemos cuestionar, saber, conocer, la forma en la que el gobierno ejerce y administra el gasto público, lo cual por más IFAI que se tenga, ha resultado un imposible. Al mismo tiempo se abre la puerta para que se obligue a informar el porqué de los despilfarros, que se exija transparencia y que se denuncie de manera formal y con el respectivo respaldo legal la corrupción que, sin necesidad de grandes investigaciones, millones de mexicanos tenemos a la vista.

 De nueva cuenta, tanto con la condonación como con la resolución de la Corte, se tiende un manto de protección a los gobernadores y a los presidentes municipales, dándoles al mismo tiempo las bendiciones para continuar con sus gastos sin comprobación y sin beneficio para sus gobernadores. Todo ello contradice abiertamente la pretensión que sostenía Jesús Murillo Karam, sin llegar todavía a ser el titular de la PGR, de meter al orden el gasto público y con ello las actuaciones de los alcaldes y de los mandatarios estatales que han sumido en deudas los territorios que gobiernan, abusado del uso de los recursos públicos, etcétera. Nada que pueda afectarlos porque, finalmente, en sus manos están las elecciones de los próximos años y eso, la conservación del poder es hoy por hoy lo preponderante.

 El titular del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan E. Pardiñas, sostiene que debe evitarse que se queden en los Estados y Municipios con el 60 por ciento del ISR del 2013 y el 30 por ciento que corresponde al 2014. Señala Pardiñas que estamos al nivel de “castas tributarias” donde unos contribuyentes tienen privilegios y otros puras obligaciones”. Y de nuevo a la vista aparece que mientras para las empresas gigantes hay condonaciones, devoluciones inmediatas de IVA, créditos fiscales sin límite, aceptación de todo tipo de comprobación que les reduzca suficientemente el pago de tributos, se les reconocen fundaciones, asociaciones civiles dizque dedicadas a la asistencia pública o a la educación, cultura o deporte, a los medianos y  pequeños los exhiben, los ponen contra la pared, se les persigue, les dan trato de delincuentes y pueden llegar a la cárcel por evasión fiscal. No conformes ahora el robo, que sigue siendo a los ciudadanos, es un botín que se comparte entre federación, Estados y Municipios.

 Se hace presente el informe de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente al año 2012, en el cual quedó establecido que no se tiene un destino para todos los recursos y que de la cifra captada de 690 mil millones tendrían que devolver 414 mil millones. También debe tenerse presente que los golpes que se le dan al erario, a los contribuyentes, a los ciudadanos no proceden en su totalidad de la “tremenda” Corte, sino que tienen sus antecedentes en la Cámara de Diputados. Fueron los legisladores federales los que le dieron el visto bueno a esa condonación sin conocer la información completa por la simple y sencilla razón de que a ellos se las negó, igual que a los ciudadanos, los del SAT. Esos mecanismos de rendición de cuentas son para los del Sistema de Administración  Tributario “información fiscal secreta”, “secreto de Estado”. Usted y yo, seguimos pagando.

Fuente: http://revoluciontrespuntocero.com/pena-maneja-las-finanzas-como-secreto-de-estado-oculta-condonacion-de-600-mil-millones/