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viernes, 15 de agosto de 2014

No, los indígenas no se oponen al progreso.

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México tiene registrados 175 conflictos de todo tipo: agrarios, por proyectos mineros o hidráulicos, por afectaciones al medio ambiente, por violaciones a los derechos de los pueblos. En síntesis, la mayoría de los pueblos indígenas de este país enfrentan el despojo y/o la violación de sus derechos.



La semana pasada se llevó a cabo en La Realidad, Chiapas una reunión del Congreso Nacional Indígena (CNI) con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llamada Compartición CNI-EZLN. Asistieron representantes de 28 pueblos indígenas de distintas regiones del país. En la declaración final del evento, denunciaron una vez más el despojo del que están siendo víctimas pueblos originarios de distintas partes, y enumeraron 29 casos particulares en los que están luchando por defender su territorio y sus recursos, en muchos de ellos desde hace varios años.
Entre los casos mencionados hay seis que tienen que ver con concesiones y explotación minera, cuatro en los que han sido destruidos o están amenazados sitios sagrados, cuatro en los que se construyen carreteras que los afectan, otros sobre construcción de presas, siembra de transgénicos, empresas eólicas, despojo de agua.

Unos son más graves que otros, pero sin duda todos son preocupantes. Por ejemplo, los wixárika (o huicholes), enfrentan diversos conflictos e intentos de despojo en varios lados: Wirikuta, su principal sitio sagrado, está amenazado por concesiones de cinco empresas mineras, varias carreteras están atravesando su territorio y varias comunidades tienen problemas de reconocimiento de tierras. Además (esto no aparece en la declaración del CNI-EZLN, pero está sucediendo), enfrentan el despojo de otro de sus sitios sagrados, Tatei Haramara, ubicado en la Isla del Rey, Nayarit, por un desarrollo turístico.
En la Sierra Norte de Puebla, según el documento en cuestión, 18% del territorio está concesionado a empresas mineras y existen además seis proyectos hidroeléctricos. Por otro lado, los pueblos del Istmo de Tehuantepec llevan años enfrentando a las empresas eólicas y ahora además se ven amenazados por varias concesiones y proyectos mineros.
Estos son solamente algunos ejemplos de los casos que denunciaron el CNI y el EZLN, pero hay muchos más en todo el país. La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México tiene registrados 175 conflictos de todo tipo: agrarios, por proyectos mineros o hidráulicos, por afectaciones al medio ambiente, por violaciones a los derechos de los pueblos. En síntesis, por todo el país y la mayoría de los pueblos indígenas, enfrentan el despojo y/o la violación de sus derechos.
No han sido consultados sobre las obras o proyectos que se efectúan en sus territorios, en muy, muy pocos casos reciben indemnizaciones justas o adecuadas, sus bosques son saqueados por extraños y su entorno es contaminado, o corre el riesgo de sufrir “emergencias ambientales”, como la que acaba de suceder en Durango, que es sólo un ejemplo de lo que pueden causar las mineras. Y cada vez es más común que la respuesta a sus protestas sea la represión.
El otro día alguien me decía que el problema es que los pueblos indígenas están en contra del “progreso” y por lo tanto del desarrollo del país. Le respondí que no, que a lo que se oponen es a la destrucción de la naturaleza, a que en aras del supuesto progreso los despojen de su territorio sin que obtengan ningún beneficio, a desaparecer como pueblos, a continuar en la pobreza mientras otros obtienen ganancias de la explotación de los recursos naturales que deberían pertenecerles. Si fueran realmente partícipes del desarrollo no se opondrían, pero a lo largo de la historia solamente han visto cómo les quitan lo que tienen a cambio de nada. Cómo “progresa” el país mientras ellos siguen en la marginación. Cómo les inventan “cruzadas contra el hambre”, mientras otros saquean y se benefician de la riqueza de sus territorios. Si les ofrecieran ser socios de los megaproyectos, con porcentajes que de verdad mejoraran sus condiciones de vida, no se opondrían, siempre y cuando no se dañara el medio ambiente, que ellos intentan proteger porque saben que dependen, y dependemos, de la madre tierra . No, no se oponen al desarrollo, se oponen a las injusticias y a la destrucción del planeta.


Leer Más: http://www.animalpolitico.com

miércoles, 13 de agosto de 2014

Ejidatarios de Quintana Roo ganan litigio a Slim

Ejidatarios de Quintana Roo ganan litigio a Slim


CANCÚN, Q. Roo (apro).- El ejido Aarón Merino Fernández, ubicado en Bacalar, a unos 30 kilómetros al noreste de Chetumal, ganó un litigio al emporio de Carlos Slim, que derivó en el embargo de bienes inmuebles a las empresas Telmex y América Móvil.


Se trata de la primera vez que ejidatarios ganan un juicio contra la empresa telefónica por el uso de sus tierras.
El embargo respondió a un adeudo con los comuneros de alrededor de 53 millones de pesos que data desde hace 32 años por el uso de tierras ejidales para colocar una antena telefónica, según el representante legal de los comuneros, Gabino Andrade.
Aseguró que las empresas de Slim Helú perdieron tres amparos para evitar el pago a los comuneras bacalareños.
El proceso de embargo se llevó a cabo este martes a las 15:00 horas, con el apoyo de elementos la policía estatal.
Durante la diligencia, fueron embargadas las instalaciones de Telmex –ubicadas en la avenida Juárez con Lázaro Cárdenas, colonia Centro de Chetumal–, así como computadoras, equipos de telefonía e internet y muebles de oficina que había en su interior.
De acuerdo con Gabino Andrade, este conflicto data de hace 32 años y derivó en la colocación de una antena telefónica en un espacio de tierras ejidales ubicadas en el tramo Bacalar-Cafetal, de la carretera Chetumal-Cancún.
“Pese a la serie de amparos que solicitó la empresa telefónica, les fueron negados y al haberse agotado todas las instancias legales dieron paso al embargo”, destacó.
El litigante, originario de Veracruz y con residencia en Cancún, indicó que la zona de afectación por la colocación de esta antena telefónica es de unas 3.5 hectáreas.
A pesar del embargo, el servicio de telefonía e internet en el sur del estado, incluidos Chetumal y Bacalar, no fue suspendido.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=379439