Equipo argentino refuta a la PGR: no identifica aún cuerpos de fosas de Iguala

IGUALA, Gro. (apro).- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que aún no tiene sus propios resultados para descartar que los 28 cuerpos encontrados en las primeras cinco fosas de Iguala no corresponden a los estudiantes normalistas.

“Nosotros respetamos lo que ha dicho el procurador (Jesús Murillo Karam), pero no tenemos nuestros propios resultados y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos los nuestros y podamos seguir con el peritaje independiente y podamos cumplir con las familias”, informó un portavoz de la organización internacional que trabaja en las identificaciones de restos por invitación de las familias de los jóvenes desaparecidos, los normalistas y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan.

El experto señaló que, “posiblemente dentro de tres semanas”, puedan dar sus resultados.

Esta información se da luego de que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa que los 28 cuerpos exhumados de las primeras cinco fosas encontradas una semana después de los hechos ocurridos en Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.

“En las primeras fosas encontradas (…) les puedo decir que no corresponden a los ADN de los familiares de estos jóvenes”, apuntó, e indicó que en el segundo grupo no se hallaron cuerpos, y en el tercero –descubierto gracias a la búsqueda de policías comunitarias– apenas iniciaron los trabajos de excavación.

En tanto, el portavoz de la organización mencionó que el equipo de 11 expertos de distintos países (compuesto por antropólogos, arqueólogos, médicos forenses, criminalistas y balísticos) mencionó que todavía no se procesan los restos tomados a los cuerpos.

“Hemos tomado muestras a las familias, estamos todavía en análisis de los restos y el laboratorio con el que trabajamos ese es el tiempo que tiene”, señaló en entrevista telefónica.

El laboratorio que el equipo utiliza está en Virginia, Estados Unidos.

“Somos peritos independientes y las familias están informadas de que ese es el tiempo que tenemos para dar resultados. Eso lo hemos hablado con ellos. Nosotros no vamos a abandonar todo y no nos iremos sin concretar”, dijo.

El portavoz no es identificado por cuestión de seguridad, ya que el equipo está trabajando en Guerrero, pero a nombre del grupo informó que únicamente tuvieron acceso a las muestras de los 28 cadáveres encontrados en las primeras cinco fosas descubiertas el sábado 4.

Cabe destacar que la Fiscalía de Guerrero había informado que eran seis fosas, pero seis días después la PGR desmintió la información y mencionó que eran cinco. Nunca explicaron la confusión.

El equipo de expertos internacionales, sin embargo, nunca tuvo acceso a los cuerpos del segundo grupo de cuatro fosas, cuyo hallazgo fue anunciado ante la prensa por Murillo Karam –antes de informar a las familias–, quien hasta detalló que los cuerpos fueron calcinados por lo que compartían el modus operandi de los 28 encontrados previamente.

Los reporteros y fotógrafos que hicieron guardia afuera del segundo grupo de fosas pudieron notar cierto nerviosismo de personal de PGR, que parecía no encontrar las fosas como las había descrito el procurador y ni siquiera podían ubicar la cuarta fosa anunciada. En esa ocasión bloquearon el acceso a los peritos de la Procuraduría estatal. Los peritos argentinos tampoco pudieron tener acceso a la zona.

El EAAF no quiso calificar las declaraciones de Murillo Karam descartando por completo que los restos analizados sean de los normalistas.

“Las noticias nos llegan medio cortadas hasta este lugar. El procurador habló únicamente de los 28 y nuestro tiempo sería ese (las tres semanas). Sabemos lo que ha dicho, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y no queremos que las familias crean que vamos a abandonar”, ofreció.

“Las otras (fosas) las descartó el propio gobierno antes de que nosotros pudiéramos saber nada, nosotros en ésas no trabajamos”.

Consultado sobre las denuncias que hicieron Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de que el gobierno mexicano ha obstaculizado la participación del equipo argentino, el entrevistado mencionó: “Está mejor (la relación), mucho mejor, siempre hay como cierta animosidad pero sí ha estado mejor”.

El sábado anterior, proceso.com.mx había informado que a la misma hora que el gobernador Ángel Aguirre Rivero presumía su colaboración con el EAAF, los expertos argentinos encontraron el acceso bloqueado a las fosas y eran excluidos de una reunión con el gobierno federal.

“Ha habido una serie de obstáculos para que hagan su trabajo”, informó entonces el abogado Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, en entrevista. “No se les permitió el acceso a las fosas pese a que con el gobierno federal se acordó su entrada para poder hacer el trabajo. Al parecer no bajó bien la instrucción, no les permitieron el acceso y hoy se encuentran en el Semefo haciendo los trabajos”.

El equipo es reconocido mundialmente por su trabajo en identificación de restos humanos en países donde han ocurrido violaciones masivas a derechos humanos, como Argentina en tiempos de la dictadura, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Perú, Bosnia, Kosovo, Croacia, Sierra Leona, Irak y, en años recientes en México, por los asesinatos de mujeres en Juárez, Chihuahua, y en las fosas de San Fernando, Tamaulipas.

Según el abogado perteneciente a este centro de derechos humanos que ha acompañado a los estudiantes y a las familias, aunque los gobiernos estatal y federal manifiestan en público su beneplácito por la inclusión del prestigiado equipo argentino en la identificación de cadáveres, en realidad impidieron a los extranjeros hacer su trabajo.

“No se les permite ingresar a hacer toma de muestras porque llegaron peritos de PGR. Hubo un problema para acreditarlas legalmente y no se los permitían porque no traían documentos originales que respaldaran su experiencia, y cuando se destrabó el punto no estaba el Ministerio Público que tenía que hacer los trámites para que pudieran trabajar en la Normal (tomando muestras de ADN) y en el Semefo”, dijo.

“Fueron dos días de martirio y complicaciones, y hasta el tercer día se normalizó” la situación, explicó.

Por esas primeras horas perdidas llegaron a las primeras cinco fosas –de las que se rescataron 28 cuerpos– cuando las exhumaciones ya estaban terminando. “No tuvieron oportunidad de participar en eso”.

“El obstáculo más reciente es que no se les permitió el ingreso a las cuatro fosas nuevas”, dijo al salir de una reunión con padres de familia.

El viernes 10 Amnistía denunció a través de un comunicado que la búsqueda era “caótica y hostil” y que los “peritos internacionales reconocidos por los familiares de los desaparecidos” no habían podido acceder a las fosas para realizar su trabajo.

Según la información recabada por AI, el trabajo realizado por agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas anteriormente presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación.

“Es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se están llevando a cabo”, indicaba el comunicado.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=384824

A normalistas desaparecidos “se los llevaron en patrullas”; marchan para hallarlos vivos

      Foto: Cuartoscuro.

Dos autobuses en los que viajan estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron escoltados por 7 patrullas de la policía estatal cuando se dirigían a Iguala reclamar los cuerpos de los estudiantes caídos en la agresión. 

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– Familiares y amigos de los 58 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos reportados como desaparecidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero denunciaron que los jóvenes fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal de Iguala, corporación involucrada en la muerte de tres normalistas.

La mañana de este lunes, estudiantes y maestros marchan en Chilpancingo para exigir que localicen con vida a sus compañeros de la Normal de Ayotzinapa; además demandan que se esclarezca el asesinato de otros tres estudiantes la noche del pasado viernes, presuntamente a manos de la Policía de Iguala.

De acuerdo con medios locales, un contingente salió del monumento a los Niños Héroes en la avenida Benito Juárez de esa ciudad, y se dirigen a la estatua de El Caballito, donde se prevé se unirán más estudiantes.

Entre los participantes se encuentran normalistas del Frente único de Normales Públicas del Estado de Guerrero, de la normal de Ayotzinapa y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

En tanto, Margarito Guerrero, padre del joven normalista Jhosvani Guerrero, comentó al diario El Sur de Acapulco que los familiares están manejando como “detenidos desaparecidos” a sus hijos, “porque se los llevaron las patrullas y esa es nuestra preocupación porque no sabemos ni de una instancia gubernamental y creo que tampoco lo ha dicho el Gobernador dónde están nuestros hijos y no sabemos nada de ellos”.

La noche del viernes, un alumno de la Normal declaró al diario que 30 policías se llevaron a sus compañeros y mencionó que alcanzó a identificar las patrullas 018, 020, 027, 028 y la 302 como los vehículos donde transportaron a los detenidos.

Este domingo, una comisión de padres de familia y alumnos fueron recibidos por el comandante del 27 Batallón de Infantería, Coronel José Rodríguez Pérez, y el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en el estado, Ramón Navarrete Magdaleno.

Los padres, entre ellos Margarito Guerrero e Hilda Legideño Vargas, madre del estudiante Jorge Antonio Tizapa Legideño, preguntaron al Coronel si el Ejército tenía detenidos a sus hijos, “porque hasta ahorita no sabemos nada de ellos”.

Sin embargo, el mando militar respondió que no tenía a ninguno de los jóvenes desaparecidos. Precisó que las fuerzas castrenses no participaron en el ataque y detención de los normalistas.“Tampoco nosotros hemos dicho que los municipales sean los que dispararon”, dijo el Coronel.

De acuerdo con las declaraciones recabadas por El Sur, al momento del ataque en contra de los jóvenes el mando militar comentó que tuvieron conocimiento “de lo que estaba sucediendo al último, cuando el Ejército salió fue porque nos habían manifestado que había gente civil en el área”.

“No sabemos si la Policía Municipal disparó y tampoco participamos en la detención de los policías, ni de sus compañeros”, dijo el mando militar.

ESTUDIANTES DESAPARECIDOS

 La Procuraduría General de Justicia del Estados (PGJE) ayer dio a conocer una lista con 57 nombres de los estudiantes desaparecidos, aunque momentos hablaron de 58 normalistas; entre ellos se encuentran: Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Periten, Adán Abrajan de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Ambrosio Martínez Rodríguez, Antonio Santana Maestro, Benjamín Acergo Bautista, Benjamín Ascencio Bautista, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Cesar Manuel González Hernández, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Christian Tomas Colon Garnica, Cirino Tejeda Meza, Cutberto Ortiz Ramos, Daniel Gerardo Cantú Morales.

Dorian González Parral, Eduardo Ayafredh Sebastián Salgado, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galindes Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jazziel Ramírez Sánchez, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Jonas Trujillo González, Jonathan Maldonado Hernández, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Joshvani Guerrero de la Cruz, Julio Cesar López Patolzin.

Además de Julio Cesar Ramírez Nava, Julio cesar Velázquez Alonso, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Luis ángel Gutiérrez Álvarez, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Andrés Santos, Marco Antonio Gómez Molina, Mario Torreblanca Flores, Martín Getsemany Sánchez García, Mateo Carrera Moctezuma, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Rodrigo Morales García, Severo Pedro Minga y Saúl Bruno García.

El pasado 26 de septiembre del año en curso los jóvenes normalistas se encontraban realizando actividades políticas como parte del plan de lucha de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

Fue entonces cuando sufrieron dos atentados, el primero cerca de las 21:30 horas en el Periférico Norte de la ciudad de Iguala, cometido por policías municipales, “quienes a mansalva rodearon y dispararon contra los autobuses en que se trasladaban los estudiantes, en este primer atentado, el estudiante Aldo Gutiérrez Solano fue ejecutado con un disparo en la cabeza”, describieron.

El segundo ataque fue cometido por un comando armado vestidos de civil no identificado cuatro horas después, cuando los estudiantes denunciaban el ataque en el mismo lugar de los hechos con maestros y reporteros, fueron detonados al menos 200 disparos durante el atentado, con las que ejecutaron a otros dos normalistas de Ayotzinapa.

Por este hecho, 22 policías municipales fueron detenidos y trasladados la noche del sábado a las instalaciones de la Fiscalía Regional de la PGJE con sede en Acapulco. Los padres de familia pidieron la colaboración de la institución militar para que coadyuve en la búsqueda de sus hijos, y el coronel les pidió que una relación de los jóvenes desaparecidos para ayudar en la búsqueda.

“Nosotros tenemos gente en diferentes partes del estado y pudiéramos buscarlos y ayudarles”, dijo uno de los familiares a El Sur.

El diario reporta que después de unos 10 minutos de entrevistarse con mandos militares en la puerta principal del cuartel del Batallón, los padres de familia y alumnos siguieron se recorrido bajo el resguardo policiaco hacia las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en este lugar los padres de familia entregaron la lista de los nombres de los 58 jóvenes desaparecidos.

Más tarde, la caravana se trasladó a las instalaciones de la cárcel municipal, donde a puerta cerrada se reunieron con efectivos policiacos que estaban encargados del área y el representante de la Codehum. Aquí les informaron que en el área de barandillas no había ningún joven detenido.

En la cárcel municipal El Sur observó a algunos efectivos desarmados y se informó que en la cárcel municipal no había ninguna persona detenida.

Fuente: http://www.sinembargo.mx/29-09-2014/1129283

El regreso de Calderón para dar recetas es “cinismo”, dicen líderes sociales y víctimas de la violencia en su sexenio

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– El ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, regresó al país luego de vivir poco más de un año en Massachusetts, Estados Unidos, y este miércoles presentará su libro Los retos que enfrentamos: Los problemas de México y las políticas públicas para resolverlos (2006-2012), en el que hace un balance de su sexenio.
 El ex mandatario asegura que su estrategia de seguridad fue integral y que abarcó acciones orientadas a todas las fases sucesivas del fenómeno criminal:  prevención, combate del delito, la procuración de justicia y la readaptación social. Pero para activistas y familiares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico lo contradicen y rechazan enérgicamente. “Es una vergüenza”, coincidieron. “Los datos y la realidad que está viviendo el país lo contradice, y se lo dijimos con todos los elementos para demostrárselo ante los diálogos. La realidad lo contradice”, afirmó Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). “De cuando se inició [la estrategia de seguridad] hasta 2011 había 40 mil muertos
. La estrategia continuó y continúa con este gobierno. Tenemos más de 100 mil muertos. No hay un gramo de justicia. [Felipe Calderón] atoró y golpeó la Ley de Atención a Víctimas. No hay un gramo de justicia. No hay una ruta de paz. Cada vez más el gobierno y las instituciones de gobierno están más penetradas por el crimen. Cualquier cosa que pueda decir en defensa de su estrategia simplemente la realidad lo va a contradecir. Lo sigue acusando. Es una señal de que no ve objetivamente la realidad que él mismo creó y que propició y que cualquier justificación lo pone en ridículo”, expresó. Por su parte, Irma Leticia Hidalgo Rea, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, aseguró que el contenido del libro es puro “cinismo y desvergüenza” del ex mandatario.
 En el texto, Calderón Hinojosa asegura: “mi gobierno nunca le ha declarado la guerra a los narcotraficantes. Esa es una afirmación que en el mejor de los casos es imprecisa”. Sin embargo, la madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León desaparecido el 11 de enero del 2010 en el municipio de San Nicolás, no opina lo mismo. “Nosotros no nos olvidamos cuando él vistió aquel uniforme de las Fuerzas Armadas (que por cierto le quedó muy grande) y dio la orden.
 Sacó a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles y nos las envió a las ciudades a enfrentar a la población civil, a los ciudadanos. Si eso no es una guerra entonces ¿cómo lo podemos llamar? ¿Exterminio? Nos mandó las armas, y a los hombres armados. Nos dejó entre la corrupción de las diferentes autoridades de la justicia, nos dejó en medio de los cárteles de las drogas, nos dejó indefensos. Si a eso no lo llama guerra, nosotros lo llamamos exterminio”, afirmó. El michoacano también escribe: “Mi gobierno actuó siempre a solicitud expresa de las autoridades locales, donde los gobiernos locales respondieron hubo grandes logros contra los grupos delictivos como en Tijuana, Monterrey y Ciudad Juárez”.
 Al respecto, Irma Hidalgo recordó el incendio del Casino Royale: ”Quemaron un casino lleno de gente. ¿Crees que fue un éxito la estrategia de seguridad en Nuevo León? De recordarlo da asco este tipo de declaración y no conforme con esto, él viene a ofrecer el apoyo a las familias y no les cumple absolutamente nada. Los deja en el total desamparo aún todavía.
 Es contrario a lo que él expresa, nosotros aún estamos sufriendo las consecuencias de su ‘estrategia de seguridad’”. Irma también envió un mensaje por parte del colectivo: “Padres, madres, abuelas, abuelos, hermanos de los desaparecidos le decimos al señor Felipe Calderón que los ojos de los desaparecidos lo sigan a donde quiera que él vaya”.

El ex Presidente expone que llamar guerra contra las drogas a la estrategia de seguridad que impulsó durante su gobierno es impreciso. Sin embargo, Netzai Sandoval, quien presentó en noviembre de 2011 una demanda contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, expresó que el ex mandatario sí la llamó guerra desde un principio, cuando la lanzó en Michoacán.  Sin embargo, “poco a poco fue cambiándole el nombre”.
 En el libro, Calderón Hinojosa comenta que los estados en “donde no les interesó colaborar los resultados fueron deplorables como en Guerrero, Tamaulipas y, especialmente, en Michoacán”. Para el activista fue lo contrario: “el Gobernador de Michoacán colaboró con Calderón y tuvo pésimos resultados, pero a los políticos es muy fácil olvidar los datos que no le convienen. Pero ahí se ve el mayor fracaso, en su tierra natal. Imagínate qué doloroso y triste debe ser que a tu tierra natal sólo le sepas llevar muerte y violencia. Creo que esa es la herencia simbólica de Calderón. La herencia a sus paisanos de Michoacán”.

 “La gente hoy tiene una visión distinta de lo que heredó Calderón e, incluso, los mismos políticos ya no están dispuestos a meter las manos por él, sobre todo en el PAN [Partido Acción Nacional]. Antes en esa fuerza política existía una defensa de Calderón y hoy ya no es la misma actitud. Incluso cuando ha habido intentos de llamar a cuentas al ex Secretario de Seguridad Pública, ya los panistas no defienden a capa y espada a ese gobierno. No están dispuesto a meter la manos al fuego por esos funcionarios que hoy sabemos, no sólo fracasaron, sino que decidieron ser omisos para permitir que la crisis humanitaria que vivimos”, dijo.

 El abogado también planteó que el gran problema con la política de gobierno de Calderón es que el mandatario “sabía lo que estaba pasando en el país. Sabía que había tortura en los cuarteles militares, que los militares no contaban con herramientas, protocolos e instrumentos para realizar funciones policiacas, sin embargo decidió autorizar una movilización masiva de soldados que llevó a miles de muertos, miles de desplazados, miles de desaparecidos”.

 Netzai también denunció que los “niveles de asesinato de violencia, crueldad, decapitaciones, amputaciones, eso no se vivía antes, eso es una herencia de Felipe Calderón, de su irresponsabilidad”. 

El litigante recordó que uno de los argumentos que presentó en la denuncia ante la Corte Penal fue que Felipe Calderón “utilizó al Ejército y a la Marina sin protocolos para establecer retenes, recabar pruebas, realizar detenciones, para hacer careos, ningún protocolo. Lanzó al Ejército a improvisar, lanzó a personas con tanquetas a improvista a detener personas y esto evidente provocó muertes”. 

“Un caso paradigmático que se repitió en más de una ocasión fue el absurdo de disparar contra vehículos que pasaban de largo los retenes y lo soldados, a veces sí y a veces no, se les ocurría disparar contra vehículos que se seguían o que no se detenían totalmente en los retenes y así mataron a niños a familias enteras. Si Felipe Calderón hubiera ordenado desde el primer año de gobierno que se desplegaran estas fuerzas milotares pero con protocolos, con límites y con instrucciones apara realizar estos operativos, estas muertes se hubieran evitado”, denunció. 

Netzaí aseguró: “Esos protocolos se los había ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se le indicó que la falta de esto iba a provocar muertes no solamente de civiles, sino de militares. Esto se le obligó con motivo de una facultad de investigación que realizó la propia Corte donde hizo notar que faltaban los protocolos no sólo para el Ejército y la Marina sino a las policías en general y Felipe Calderón no actuó. Ignoró al máximo tribunal del país”. 

“Me parece vergonzoso que nos venga a decir que fue una estrategia bien planeada, bien pensada, premeditada cuando es evidente que durante los seis años se fue improvisando sobre la marcha y uno de esos casos más palpables y evidentes es esa decisión de expedir protocolos en su último año de gobierno”, finalizó.

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