MÉXICO, D.F. (apro).- Construido al amparo del régimen priista, pero favorecido y protegido durante los dos sexenios panistas, el Grupo México, imperio empresarial del magnate Germán Larrea Mota-Velasco, se ha convertido en sinónimo de muerte y destrucción.
En México y el extranjero, las operaciones de Larrea han sido denunciadas por víctimas, defensores de derechos humanos y organizaciones laborales, a quienes han dado la razón organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las conclusiones, recomendaciones y condenas de esas instancias, creadas a través de instrumentos jurídicos internacionales suscritos y ratificados por México, poco han servido para que ese emporio asuma sus responsabilidades, a pesar de que éstas atienden lo mismo a ilicitudes económicas, laborales, administrativas donde, en la mayoría de los casos, se incurrió en delitos.
El pasado lunes 18, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó a través de un comunicado que había interpuesto una denuncia ante una agencia del MP contra los responsables de contaminar, con 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado, el río Bacanuchi, en Sonora.
La dependencia federal subrayó que las razones sociales Buenavista del Cobre y/o Industrial Minera México (IMMSA) habían derramado esa sustancia que recorrió 89 kilómetros del afluente.
El derrame provocó daños ambientales, afectación de flora y fauna, muerte de ganado y la suspensión del inicio del ciclo escolar en 88 escuelas, pues se impactó la vida cotidiana de al menos siete municipios sonorenses.
Un día después, el martes 19, La Familia de Pasta de Conchos (FPC), recordó en su comunicado mensual que, desde 2008, a través de una gira por Europa, Estados Unidos y México, había postulado a Grupo México como “empresa socialmente irresponsable” pues, a la responsabilidad penal que la justicia mexicana se negó a procesar, se sumaba el ocultamiento de información y los engaños de la empresa, tolerada y encubierta por el gobierno, consiguiendo que hasta ahora “no exista investigación confiable, ni sentenciados, ni reparación del daño” por la tragedia que cobró la vida de 65 mineros hace ocho años.
El imperio de Larrea
Germán Larrea Mota-Velasco es el segundo hombre más rico de México, y fue colocado en el lugar 58 de los hombres más adinerados del planeta, en la lista que cada año publica la revista Forbes, que este 2014 estimó en 16 mil 100 millones de dólares la fortuna del magnate.
El 16 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos a los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), la cúpula empresarial del país cuyo directorio es discreto. Con una solicitud de información hecha por Apro a la Presidencia, fue posible saber que entre los asistentes estaba Larrea.
Y es que las apariciones públicas del presidente de Grupo México son tan escasas que, excepto por una o dos fotografías, se desconoce su aspecto, salvo para la elite del CMHN y los miembros del consejo de administración de su empresa.
En el directorio de dicho consejo destacan los nombres de influyentes personajes mexicanos como Claudio X. González, Antonio Madero Bracho y Valentín Diez Morodo.
Desarrollada por Jorge Larrea, la empresa se fortaleció durante el periodo de las privatizaciones, pues sus principales activos son la adquisición de la compañía Mexicana de Cananea, que ha colocado a Grupo México como el tercer productor de cobre del mundo, o la privatización de ferrocarriles, que dio origen a Ferromex.
Sobre los antiguos inversionistas mineros, como la familia Madero Bracho o los Valleres, Larrea se convirtió a partir de los noventa en el principal productor minero de México y ha diversificado sus inversiones en Sudamérica con la Southern Cooper Corporation, que opera exploración en Chile y explotación en Perú, país este último en el que enfrenta también conflictos sociales y denuncias.
El cúmulo de denuncias contra esa empresa provocaron que, desde 2008, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, organización defensora de derechos laborales fundamentales, lanzara la campaña “El cine divierte, Larrea lo pervierte”, convocando a un boicot contra los cines de Grupo México, pues ese año compró MM Cinemas, y en los siguientes adquiría Cinemex, Cinemas Lumiere y Cinemark, hasta convertirse en el segundo operador más grande del país.
Fue en el sexenio del panista Felipe Calderón cuando incrementó sus inversiones para el sector energético. Grupo México le renta plataformas a Pemex y construye equipos de perforación marítima. A principios de año, la empresa anunció que, ante la eventual aprobación de las leyes secundarias en el sector, incrementaría sus inversiones.
De hecho, luego del anuncio de las llamadas Ronda Cero y Uno se sabe que integra un proyecto de asociación para incursionar en el negocio de exploración y producción, pues ha confirmado que podría participar en al menos 10 licitaciones.
El crecimiento desmesurado de Grupo México, que llevó a Germán Larrea a las listas de acaudalados, ocurrió durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuyos respectivos secretarios del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz y Javier Lozano Alarcón, protegieron a tal grado al magnate que, inclusive, aceptaron los costos de enfrentar conflictos sociales en numerosas ciudades en 2006, a donde enviaron miles de policías federales a desalojar y resguardar sus instalaciones sin orden judicial y, finalmente, sepultaron en los hechos el derecho de huelga.
Por esos días, Germán Larrea era miembro del consejo de Vamos México, la fundación creada por la entonces primera dama Marta Sahagún, a través de la cual encaminó su alucinante aventura en busca de suceder a su marido, el entonces presidente Vicente Fox.
Cananea antes del derrame
El derecho de huelga se ganó en Cananea, Sonora, en 1906. Y el derecho de huelga se perdió en Cananea en 2010. Con una serie de mensajes gubernamentales, principalmente del titular del Trabajo calderonista, Javier Lozano Alarcón, unos 2 mil policías y hombres armados contratados por la empresa tomaron el enorme complejo minero de esa localidad sonorense.
La historia fue reseñada por el semanario Proceso en la edición 1777. El 10 de junio de 2010, la huelga de mineros en Cananea fue declarada legal, pero al mismo tiempo se resolvió el fin de las relaciones de trabajo por causas de fuerza mayor, una resolución que Grupo México consiguió al denunciar que, por el prolongado paro, sus instalaciones eran inservibles.
Así se reactivaron las operaciones que, con la huelga y la intransigencia patronal, mantuvo a la región en decadencia económica y zozobra durante tres años.
La realidad era otra. Grupo México había decidido confrontarse con Napoleón Gómez Urrutia en 2006 y el gobierno de Vicente Fox le negó la toma de nota el 14 de febrero de ese año. Días después, el 19 de febrero, ocurrió el desastre en Pasta de Conchos y, tres días más tarde, el 22 de febrero, se anunció un proceso penal contra el dirigente minero por un supuesto fraude relacionado con la mina de Cananea.
En diferentes secciones del país surgieron huelgas y conflictos intergremiales que, auspiciados por empresa y gobierno, pretendían arrebatar a Gómez Urrutia el control. El caso más grave ocurrió en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde murieron dos trabajadores en una cargada policiaco-militar.
Napito huyó a Canadá, donde recientemente obtuvo su ciudadanía. Pero en las secciones seguía la efervescencia, y las motivaciones que históricamente se habían obviado por las componendas entre sindicato y empresa se materializaban en denuncias.
En Nacozari, por ejemplo, los trabajadores Cristian Alberto Hernández Pardo e Isidro del Ángel Hernández murieron aparentemente por condiciones de inseguridad laboral que nunca se investigaron; en Cananea, otro trabajador había muerto antes de la huelga también por condiciones de inseguridad (Proceso 1736).
Entre los reclamos de los huelguistas estaba el de las condiciones inseguras pero no hubo investigación de esos casos y se les dio carpetazo. En medios se descalificaba la huelga al propalar que detrás de todo estaba el interés de dejar impune a Gómez Urrutia.
No obstante, las malas condiciones de infraestructura que denunciaban entonces fueron las mismas que Grupo México adujo para conseguir el fin de las relaciones laborales por causa de fuerza mayor y, entonces sí, fueron tomadas en cuenta.
El engaño de siempre
Revertir los argumentos de sus víctimas para usarlos en su contra o mentir para conseguir sus objetivos ha sido una constante de Grupo México. La FPC encontró, una vez más, dos aspectos en común:
Primero, tanto en Pasta de Conchos como en el reciente escándalo por el desastre ambiental en Sonora, la responsabilidad ha sido de IMMSA, la subsidiaria de Grupo México presidida por el brazo derecho de Larrea: Xavier García de Quevedo.
Y segundo: en los dos casos la empresa ha mentido para evitar investigaciones y sanciones.
Por ejemplo, el día del siniestro en Pasta de Conchos no activaron la alerta hasta dos horas después. Cuando las autoridades llegaron, habían desaparecido bitácoras, reportes técnicos y planos, entre otros documentos.
Luego Grupo México prometió que rescataría los cuerpos de los trabajadores fallecidos, pero meses después anunció que no, bajo un diagnóstico de un consultor que jamás se localizó, en el que decía que en la mina había patógenos infecciosos que podían provocar en la región una pandemia de sida, salmonelosis y tuberculosis.
Esa pandemia no tenía el más elemental soporte científico, y un riesgo de contagio masivo de sida ni siquiera era factible. Pero Lozano Alarcón aceptó esa justificación, como todas las que expuso la empresa.
Cuando viudas y deudos demandaban justicia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) respondió que carecían de “interés jurídico”.
Esa conducta fue observada en la denuncia más reciente revelada por Profepa. El martes 19, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, dijo que Grupo México justificó el daño ambiental en “una lluvia inusual”, lo que era falso.
Luego, como también ocurrió en Pasta de Conchos, los directivos de IMMSA prometieron ayuda y apoyos a las comunidades afectadas, pero no cumplieron.
Historia de crimen
El nuevo caso penal por la contaminación en Sonora se suma a la larga lista de denuncias contra Grupo México acumuladas en años recientes.
A la muerte de trabajadores en Nacozari y Cananea, en Sonora, se suma la de un ingeniero que quedó atrapado en una chimenea en Nueva Rosita, Coahuila, en 2005, a quien la empresa se negó a rescatar y por el cual no hubo investigación, de acuerdo con los registros de la FPC.
Luego ocurrió el siniestro en la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en febrero de 2006. Para marzo de ese año, un hombre contratado para el rescate de cuerpos murió en un túnel de dicha mina.
Luego siguieron las presiones laborales, los intentos de romper los paros y la violencia contra los huelguistas en Taxco y Sombrerete, en diferentes episodios durante 2009 y 2010.
En 2011, el gobernador de Puebla dio a conocer que Grupo México invertiría en tres hidroeléctricas en la sierra Norte de Puebla. El inicio de las exploraciones provocó un conflicto social en la zona, donde las comunidades indígenas afectadas denunciaron el acoso policiaco y la violencia contra dirigentes (Proceso 1905 y 1938).
Más tarde se supo que el proyectista de Grupo México era el padre del gobernador. Luego, el 4 de junio pasado, el dirigente indígena Antonio Esteban Cruz, opositor al proyecto, fue asesinado a balazos (Proceso 1969).
El 12 de febrero anterior, en una mina de Charcas, San Luis Potosí, murieron cinco trabajadores por las malas condiciones de las instalaciones. El siniestro ocurrió a las 14:30, pero la empresa no avisó hasta varias horas después, como ocurrió en 2006 en Pasta de Conchos. El área de inspección de la STPS fijó entonces una multa de 13 millones de pesos por las malas condiciones de seguridad en el filón.
Por el desastre en Sonora, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en su entrevista en el Fondo de Cultura Económica, transmitida la noche del martes 19:
“Yo no me anticiparía cuáles son las sanciones que se le van a imponer, pero sin duda el daño que se ha hecho a la población, y sobre todo al medio ambiente, por la información que tengo, es elevado. Yo presumo que aquí no cabrán sanciones menores, y eso habrá que ver lo que la Profepa y la justicia apliquen sobre este tema”.
La Profepa busca aplicar unos 3 millones de pesos de multa, 40 millones de sanción y reparación de los daños ambientales, además de cárcel hasta por nueve años a los responsables, es decir, ingenieros pero no altos ejecutivos de la empresa que, por otra parte, sólo en los primeros seis meses de este año obtuvo ingresos por 15 mil 320 millones de pesos.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=380036
