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martes, 26 de agosto de 2014

Sin el agua del río Sonora la vida en siete municipios es casi imposible


Más de 22 mil habitantes son afectados por el derrame de tóxicos de la minera

Hermosillo, Son., 24 de agosto.
Habitantes de comunidades afectadas por el peor derrame de tóxicos en la historia del estado están desesperados y molestos por la lentitud con la que las autoridades y Grupo México actúan ante el desastre ecológico ocurrido el pasado 6 de agosto en el río Sonora.
Durante un recorrido por los siete municipios afectados por el derrame de ácido sulfúrico y metales pesados (Arizpe, San Felipe, Aconchi, Huépac, Ures, Banamichi y Baviácora), se comprobó que muchos habitantes de la zona perjudicada no tienen fácil acceso al agua, la actividad económica está prácticamente detenida, las carreteras de la región lucen desoladas (salvo por el paso de vehículos del gobierno y la minera), mientras que el hartazgo y la incertidumbre crece entre los pobladores.
Sin agua no se puede vivir, es una desesperación, además por las tormentas eléctricas recientes la luz se está yendo a cada rato. Es una tristeza ver cómo vivimos, sé que es un desastre, pero hay que buscar una solución rápida, hay que encontrar soluciones, porque ellos (autoridades y directivos de Grupo México) no viven aquí, no comen aquí, no duermen, no nada, dijo Milagros Barrón Espinoza, habitante de la comunidad San Pedro, municipio de Ures.
Durante el recorrido también se comprobó que por falta de acceso a medios de comunicación y de información oficial de primera mano, gente de algunas comunidades está mal informada y muchos ignoran que se mantiene la restricción de acercarse al río, por lo que ganado y caballos beben agua del cauce, mientras que a unos metros hay animales que parecen tener varios días muertos.
Pobladores consultados en los siete municipios coincidieron en que la vida en la zona es casi inviable, pues sin agua no funcionan los servicios sanitarios, no se pueden limpiar casas, no hay líquido para consumo humano con temperaturas de 40 grados, además que las actividades agrícolas están detenidas.

La gente está impuesta aquí a tomar agua de la llave, de los pozos, o nacida en el río, la gente no tiene dinero para comprar garrafones, dijo Francisca Guadalupe Barrón Espinoza, quien previó que una vez que deje de llegar líquido en pipas y embotellada, el panorama será aún más complicado para los casi 22 mil habitantes de las demarcaciones afectadas por el derrame de tóxicos de la minera Buenavista del Cobre.
Ayer un señor de 70 años se cayó camino a su casa, iba cargando dos cubetas de agua, no es justo que esa gente a estas alturas tenga que seguir batallando para poder acceder al agua, agregó. La gente no tiene dinero ni para comer, ni para comprar un kilo de frijol, ¿qué van a hacer aquellos que no tienen tinaco y no tienen garrafones para guardar agua? Un garrafón vale 70 pesos, dijo Francisca Bustamante, otra residente de San Pedro.
Gilberto García, habitante del municipio de Baviácora, destacó que entre la población hay preocupación, ya que en los primeros días de la contingencia no hay apoyos suficientes para superar la emergencia, y esto genera dudas sobre lo que pasará con el paso de los meses, cuando se deje de hablar en medios locales y nacionales del derrame de 40 millones de litros de tóxicos en el río Sonora, mismo que es su fuente de vida y motor de las actividades productivas, que sospechan quedará dañado por mucho tiempo.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2014/08/25/politica/020n1pol

domingo, 17 de agosto de 2014

Hasta las obras de reconstrucción son controladas por el narco en Guerrero


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Las obras de reconstrucción de infraestructura en municipios de Guerrero tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel el año pasado, son controladas por el crimen organizado.

En una nota que publica este domingo el diario Reforma, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) denuncia que los delincuentes cobran entre 5 y 10% del costo del contrato del proyecto.
Los grupos del crimen organizado además rentan a las constructoras la maquinaria para los trabajos e incluso ordenan en qué tiendas comprar los materiales y con qué sindicato adquirir la mano de obra.
Si las empresas se niegan, les plagian a empleados o familiares y hasta les roban vehículos, reveló Alfredo Adame Arcos, presidente de la CMIC en Guerrero. Asimismo, las compañías son objeto de hostigamiento y amenazas.
Dicha Cámara registró 33 secuestros exprés a trabajadores responsables de obra.
La situación obligó a empresas como Rosam y QyM a salir de Guerrero en tanto que otras prefieren no ejecutar obras en comunidades de mayor riesgo, principalmente en Tierra Caliente.
Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, Arcelia, Coahuayutla, Quechultenango, Chilapa, San Miguel Totolapan, Teloloapan y Zihuatanejo son los municipios donde ha habido más denuncias.
Por ejemplo, en Totolapan, una de las obras afectadas fue la construcción de más de 20 viviendas de un contrato por 4.5 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En Acapulco, en el fraccionamiento San Agustín, la reconstrucción de escuelas y de un puente quedó inconclusa debido a las extorsiones de los criminales.
La CMIC reveló que de las 600 empresas que participan en la reconstrucción, al menos 30% ha denunciado extorsión, aunque hay otras que la padecen pero no la denuncian.
Según Adame Arcos, las empresas le dicen que el crimen organizado no las deja trabajar, que llegan a la obra y simple y sencillamente no se los permiten.
Según la información del diario, los constructores enteraron de esta situación al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, durante su reciente visita a la entidad el pasado 29 de julio.
Sin embargo, el funcionario federal les respondió que era un tema que debían exponerle a la Secretaría de Gobernación.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=379767

viernes, 11 de octubre de 2013

Un alcalde en huelga de hambre expone la miseria de los municipios mexicanos


(10 de octubre, 2013).- Es como una carrera, cada hora es más cansado, el cuerpo resiente la falta de comida, el frío: las incomodidades. Ygnacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, lleva desde el viernes 4 de octubre en huelga de hambre a las afueras del Senado de la República; “nos están asfixiando” dice mientras mira el piso, siente sus 60 años de edad y concluye “ya tengo pagado mi entierro”.
Ygnacio acampa junto a una ronda de funcionarios públicos de su municipio que se turnan para acompañarlo en la petición. Todos coinciden, no hay dinero, las necesidades de la gente no se pueden satisfacer. E Ygnacio resume, como médico y político, “son como niños desnutridos. Si no les das de comer nunca se van a desarrollar; así nos hacen a los municipios”.