Desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador y hasta el día de hoy, ha estado presente en el discurso político del PRD, de manera prominente, la oferta de vivienda de interés social en el DF. En virtud de que la izquierda se llena la boca de alegatos “pobristas” para legitimar cualquier cosa que haga o pretenda hacer, no puede sorprender que el eje angular de su política de desarrollo urbano se teja con la justificación de la construcción de vivienda para familias de menores recursos económicos. El paralelismo con el asistencialismo magnificado en el DF (que se va a acrecentar con la nueva oferta del gobierno federal de regalar no sólo despensas, sino dinero a manos llenas el próximo año con el programa Prospera) no pasa desapercibido. Dinero regalado es la mejor máscara que han encontrado muchos gobiernos para encubrir o disfrazar sus proyectos sustantivos que contienen elementos más agresivos hacia la población, como es el caso del desarrollo urbano desregulado y neoliberal en el DF.
Del año 2000 a la fecha, 90% de la vivienda nueva construida en el DF es de interés medio y alto. 10% restante atiende a la población de menores recursos, siendo vivienda construida a través de convenios entre constructoras particulares y el GDF, representado por el Invi. De ese tamaño ha sido el abuso a la normatividad vigente sobre cambios en los usos de suelo, pues las dispensas legales a los usos de suelo estaban fijadas solamente para vivienda de interés social. Datos de la consultora Tinsa revelan que, del inventario total de viviendas en el DF, 38% corresponde a vivienda de entre 700 mil y 1.5 millones de pesos; 30% cuesta entre 1.5 millones y tres millones de pesos; 27%, más de tres millones y sólo cinco por ciento se vende en menos de 700 mil pesos. Según los datos de Softec, los precios de los departamentos más baratos en el DF empiezan en 532 mil 500 pesos y tienen un área promedio de 54 metros cuadrados. En la actualidad existen, en el DF, cinco desarrollos de vivienda de interés social. El porcentaje
de participación de vivienda de interés social en el conjunto del mercado inmobiliario tiende progresivamente a reducirse, del 2000 a la fecha.
Se dan varias explicaciones del fenómeno: el alto precio de la tierra en el DF, la escasez de terrenos para construir, la falta de una normatividad por el retraso en la definición de las normas 30 y 31, entre otras. Lo que no se menciona es por qué, aun cuando el Bando Dos y la Norma 26 eran plenamente vigentes, la construcción de vivienda de interés social también era una porción minoritaria del mercado de la vivienda en la ciudad. Lo cierto es que existe un consenso entre desarrolladores: la oferta de nueva vivienda de interés social con un valor inferior a 400 mil pesos en el DF se ha extinguido. “Sólo en el Estado de México podría encontrarse producto nuevo en ese rango de precio (debajo de 400 mil pesos)…” afirma Softec.
En la propuesta de la Norma 30 se establece los límites de precio que puede tener vivienda de interés social en la ciudad. Se establece, para vivienda Tipo A, un precio máximo de 491 mil 217 pesos y para Tipo B, un precio máximo de 736 mil 825 pesos con 50 centavos. El mismo mercado desmiente la viabilidad de construir vivienda de interés social en el DF, y lo sitúa en su verdadero lugar: como un fenómeno marginal de la industria. Obviamente para el Tipo A habría que acudir al Estado de México para encontrar esos precios, muy alejados de la zona metropolitana, y el Tipo B existe, marginalmente, en los proyectos constructivos en el DF, con tendencia a la baja, por las razones estructurales de mercado expuestos por los mismos desarrolladores.
En cambio, la Norma 31 se orienta a 95% del mercado inmobiliario de la ciudad. Por ello, el verdadero objetivo de las normas es abrir, aún más, el mercado para vivienda de interés medio y alto. Lo de
la vivienda de interés social es retórica política del GDF y el
PRD. Además, azuzan a sus afiliados del movimiento urbano-popular en contra del movimiento ciudadano que se organiza contra las normas, con argumentos clasistas y racistas para enfrentar los unos contra los otros y crear un ambiente artificial de confrontación para poder justificar la aprobación de las normas. Pero no se atreven a explicar los efectos sociales que, en el largo plazo, tendrán esta política inmobiliaria.
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