RÍO DE JANEIRO, 10 de septiembre.- La Amazonia brasileña perdió entre agosto de 2012 y julio de 2013 un total de 5 mil 891 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, un área 29 % superior a la devastada en los doce meses anteriores (4 mil 571 kilómetros cuadrados), informaron hoy fuentes oficiales.
El dato divulgado hoy es una revisión al alza de los números provisionales revelados a finales del año pasado, en los que se calculó que habían sido destruidos 5 mil 843 kilómetros cuadrados en las mismas fechas, un 1 % menos que ahora.
El aumento de la devastación en la mayor selva tropical del mundo puso fin a un ciclo de cuatro años consecutivos de disminución de la tala.
No obstante, el área destruida en el año pluviométrico concluido en agosto de 2013 fue la segunda menor desde que la desforestación comenzó a ser medida con la ayuda de imágenes de satélite, en 1988.
El área devastada en 2013 fue en un 79 % inferior a la registrada en 2004 (27 mil 772 kilómetros cuadrados), año en que el Gobierno brasileño puso en marcha un ambicioso programa para combatir la deforestación de la Amazonía, que incluyó el cierre de numerosas madereras ilegales y la imposición de multas a empresas que críen ganado en áreas forestales destruidas.
Los resultados de los últimos años demuestran la eficacia del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación de la Amazonía", informó hoy en un comunicado el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués), entidad responsable por la medición.
El área devastada fue calculada a partir de la metodología conocida como Proyecto de Vigilancia de la Deforestación de la Amazonía Legal (Prodes), que identifica zonas boscosas totalmente taladas o incendiadas de menos de 6.25 hectáreas.
Para calcular la deforestación en 2013, el INPE utilizó 216 imágenes del satélite estadunidense Landsat 8.
En su plan contra el cambio climático, Brasil se comprometió voluntariamente a reducir la deforestación de la Amazonía hasta 2020 en un 80 % en relación a la cifra de 1990, lo que supone una meta de destrucción anual de 3 mil 925 kilómetros cuadrados.
La deforestación es la principal causa en Brasil de las emisiones de dióxido de carbono, tanto por los gases que se liberan con los incendios forestales como por el oxígeno que se deja de generar.
jrr
El misil Bulava de 12 metros de largo ha sido sometido a numerosas pruebas, algunas de ellas exitosas, y puede provocar un impacto de hasta 100 veces la explosión atómica que arrasó con Hiroshima, en Japón, en 1945.
MOSCÚ, 10 de septiembre.- Rusia llevó a cabo el miércoles una exitosa prueba de su nuevo misil nuclear intercontinental Bulava y realizará otros dos lanzamientos en octubre y noviembre, dijo el jefe de las fuerzas navales del país.
Las fuerzas armadas han aumentado sus entrenamientos militares y simulacros desde el inicio del conflicto en el este de Ucrania, que Rusia considera como dentro de su esfera tradicional de influencia.
El comandante en jefe de la Armada, Viktor Chirkov, dijo que el lanzamiento de prueba había sido realizado desde el Mar Blanco y que el misil de prueba había alcanzado su objetivo en el lejano oriente ruso.
En octubre y noviembre de este año, la flota naval realizará dos lanzamientos más con dos cohetes crucero equipados con misiles balísticos", declaró Chirkov, citado por la agencia de noticias Interfax.
Cada misil Bulava pesa 36.8 toneladas y puede recorrer 8 mil kilómetros y transportar entre 6 y 10 ojivas nucleares.
jrr
(10 de septiembre, 2014).- La Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que envió el Ejecutivo al Congreso y que se discute en el Senado carece de un enfoque de Derechos Humanos (DH) y de género, además de que promueve un sistema persecutorio contra las y los menores de edad migrantes no acompañados, por lo que debe discutirse con la sociedad civil, demandó el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM).
El pasado 1 de septiembre, el Ejecutivo federal envió al Senado con carácter de “preferente” la propuesta de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que entre sus apartados pretende regular la situación de las y los menores de edad que emigran solos.
No obstante según el GTPM (integrado por organizaciones civiles como el Instituto de la Mujer en la Migración y Sin Fronteras), esta iniciativa de reforma no garantiza el interés superior de la niñez, crea un sistema persecutorio contra las y los niños migrantes, discrimina a esta población, y no considera a menores de edad acompañados, mexicanos o nacidos en el extranjero.
Además, carece de una visión de DH, se centra en lo asistencial y no reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, según criticaron las agrupaciones.
Cabe señalar que, aunque no lo mencionaron las y los activistas, la iniciativa también carece de un enfoque de género y no plantea acciones específicas para atender a las niñas que viajan no acompañadas, y padecen vejaciones como violencia sexual y trata de personas.
Por esto, los organismos civiles llamaron al Ejecutivo y al Congreso de la Unión para que realicen un debate “democrático y de fondo” sobre esta propuesta legislativa conocida como Ley NNA.
Y exigieron que se recupere la opinión de diversos actores como la niñez migrante, la academia y los grupos civiles enfocados al tema migratorio.
Según un pronunciamiento enviado por el GTPM, la propuesta del Ejecutivo no reconoce el tema de la movilidad humana en sus diferentes manifestaciones y no contempla los contextos migratorios, temporales o permanentes, en los que la niñez vive actualmente, por lo que desprotege a su propia población en desplazamiento.
En el tema de migración, las y los activistas criticaron que la Ley NNA –al igual que la Ley de Migración– sólo hace referencia a la niñez no acompañada, pero ignora al resto de las y los menores de edad que viajan con alguno de sus familiares (principalmente sus madres) y que también afrontan riesgos y vejaciones.
Asimismo, la ley omite la responsabilidad del Estado para proteger a toda la población dentro de su territorio y la necesidad de iniciar investigaciones profundas sobre las causas de la migración.
Las y los expertos también criticaron que la ley no es suficiente ni adecuada en el caso de las y los menores de edad no acompañados, ya que la iniciativa no ofrece avances para la protección de sus derechos, sino que al contrario antepone su situación migratoria irregular a sus derechos.
También acusaron que la Ley NNA no prevé soluciones a los temas de tutoría y guarda y custodia; como tampoco a los de privación de la libertad y la asistencia jurídica.
En contraste, la iniciativa reafirma al Instituto Nacional de Migración (INM) como la autoridad competente para decidir el destino de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con sus funciones de control migratorio y gestión expedita de los flujos migratorios irregulares.
Además, de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, se crearía un sistema persecutorio –como lo tuvo la Ley General de Población antes de la reforma de 2011– que establece que todas las autoridades que estén en contacto con una o un menor de edad tienen el deber de notificar inmediatamente al INM para que éste resuelva su situación migratoria.
Los organismos civiles detallaron la necesidad de una reforma legal y política en el tema, que desarrolle mecanismos efectivos de accesibilidad y protección de DH que se adapten a las diferentes realidades y problemáticas que viven las niñas, los niños y adolescentes a lo largo del territorio nacional, sin importar su nacionalidad.
Lourdes Godínez Leal (enviada) / Cimac Noticias
(10 de septiembre, 2014).- La organización civil Católicas por el Derecho a Decidir-Bolivia (CDD) presentó el proyecto piloto de una plataforma virtual para que periodistas de la región publiquen sobre derechos sexuales y reproductivos.
Durante el Seminario Internacional “Narrativas periodísticas transmediáticas en defensa de los derechos de las mujeres”, realizado el fin de semana en este municipio boliviano, localizado a una hora de la capital, La Paz, Laura Casanovas, coordinadora de la Unidad de Comunicación y Medios de CDD, presentó el proyecto de plataforma virtual que busca promover el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y que periodistas analicen y profundicen sobre el tema que ha cobrado relevancia en los últimos años en el país sudamericano.
Casanovas explicó que éste busca ser un espacio de intercambio de información, conocimiento, de material bibliográfico, en el que periodistas comprometidos con el tema tengan una salida a su información periodística como reportajes, artículos, investigaciones y otros materiales de manera periódica.
Quienes quieran participar en la plataforma deberán enviar una solicitud a la dirección lauracasanovas@catolicas.org.
Avances y retrocesos
Al término del seminario y en entrevista con Cimac Noticias, Teresa Lanza Monje, directora de CDD-Bolivia, hizo un balance sobre el tema a propósito del 20 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo, Egipto, en 1994, y destacó los avances logrados por el movimiento feminista boliviano en los últimos 15 años.
Entre los logros –mencionó– está la incorporación de dos artículos a la nueva Constitución Política del Estado (publicada en la Gaceta Oficial el 9 de febrero de 2009), el 66 que establece que “el Estado garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”, y el 4 que señala que “el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.
Para Lanza Monje si bien este artículo no dice explícitamente que Bolivia es un Estado laico, sí señala su clara separación de la religión, y ambos artículos establecen la obligación del Estado para diseñar políticas públicas que permitan que las mujeres ejerzan sus garantías sexuales y reproductivas.
“Hemos avanzado en normativa, tenemos la Anticoncepción de Emergencia (AE), desde 2003 está entre los anticonceptivos autorizados por el Ministerio de Salud, y hay obligación de que se otorgue en casos de violación y cuando el método falló, y específicamente en casos de violación las instancias pertinentes tienen la obligación de dotarla inmediatamente. (También tenemos) el uso del misoprostol para el tratamiento de las hemorragias por complicaciones de aborto desde hace cinco años”.
No obstante, dijo la activista, el problema está en su operación, ya que hay desconocimiento entre las personas encargadas de hacerla realidad para las mujeres, como en la policía, y en muchos casos el personal que labora en los centros médicos, lo que viola los Derechos Humanos (DH) de las mujeres al no respetar y garantizar lo que señala la Norma Clínica de Atención desde 2003.
“Estamos trabajando en esto, haciendo esfuerzos para tratar de que los funcionarios públicos conozcan estos temas, que la AE no es abortiva y que tienen la obligación de darla como corresponde, que el misoprostol no es lo que se dice”, puntualizó.
Lanza Monje explicó que la AE está disponible entre toda la carta de anticonceptivos en los servicios de salud bolivianos autorizados por el Ministerio de Salud, y el misoprostol está entre las normas de salud, por lo que todos los hospitales de primer, segundo y tercer nivel tienen la obligación de otorgarlos.
Otra norma recién aprobada en marzo de 2013, es la Ley 348 o Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, surgida a razón del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, ultimada frente a su madre y su hijo por su pareja, un policía de élite prófugo de la justicia, y si bien la norma se anunció con “bombo y platillo” por el presidente Evo Morales, a la fecha es difícil de operar, pues carece de recursos y reglamento.
“Tenemos una magnífica ley que no tiene plata (dinero); los jueces no están capacitados porque la ley manda crear juzgados de atención exclusiva para atender la violencia contra las mujeres pero no funcionan, ahí están las instancias policiales, se ha creado la fuerza especial de lucha contra la violencia dedicada a los casos de violencia contra las mujeres ¡y tampoco tiene una computadora, un lugar donde atender a las mujeres, una silla, un buen escritorio, una mesa, o sea, están en la pobreza franciscana!”.
Próximas elecciones
La activista señaló que el movimiento feminista de Bolivia está en un momento crucial para exigir de una vez por todas al Estado que asuma su responsabilidad con los DH de las mujeres, toda vez que se supone es un gobierno “con un alto sentido social, un gobierno de Derechos Humanos”.
En este sentido, de cara al proceso electoral del próximo 12 de octubre en el que se elegirá presidente y en el cual Evo Morales buscará la reelección, Teresa Lanza advirtió:
“Hace nueve años las mujeres hemos apostado por Evo Morales, porque era un hombre de Derechos Humanos, un luchador, un indígena, por una serie de cosas; como en estos nueve años ha habido avances formales pero no en los hechos, vamos a pasarle la factura con todas estas cosas que han ocurrido, sus comentarios que son muy desagradables, muy misóginos y que sea como una lección aprendida para él porque es un gobierno que ha avanzado en muchas cosas buenas.
“Pero todas estas cosas relacionadas con las mujeres no le entra en la cabeza, nuestro presidente hace comentarios machistas de lo más vulgares, hace comentarios misóginos y eso desvirtúa todo lo positivo que pueda tener”.
Cuestionada sobre la agenda de género de los candidatos presidenciales, la directora de CDD-Bolivia explicó que de los cinco partidos políticos contendientes, todos tienen propuestas “muy pobres”, el tema está casi invisibilizado.
“Nadie habla con propiedad sobre los temas, nadie aborda ni pone en sus programas disminuir la violencia, por ejemplo, hacer políticas públicas, fortalecer los hospitales, los mecanismos de género que tan devaluados han estado estos nueve años; hay dos partidos que proponen crear el Ministerio de la Mujer, pero ahí están las cosas y muy olvidados los temas, no hay una propuesta clara, contundente sobre esto”, lamentó.
Datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) destacan que en Bolivia cada tres días una mujer es asesinada. De enero a abril de 2014 iban contabilizados 53 casos de feminicidio.
Respecto a la muerte materna, el país registra la Razón de Mortalidad Materna (RMM) más alta de América Latina y el Caribe, pues cada día mueren dos mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio (los 42 días posteriores al parto), así como por abortos mal practicados.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2008, la RMM se incrementó de 229 muertes por cada 100 mil nacidos vivos a 310 decesos, lo que equivale a que al año 627 mujeres mueren por esta causa, según el Cidem.
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