La relación de la administración Peña con Washington no ha sido sencilla. Desde el inicio se decidió cambiar la interlocución con Estados Unidos, sobre todo en temas de seguridad: de la docena de agencias o líneas de comunicación que existían en el pasado se pasó a concentrar esa interlocución en el secretario de Gobernación (con unas líneas de contacto y operación que se mantuvieron con la Marina Armada en términos de inteligencia) al tiempo que se acotaba la capacidad de operación de elementos estadunidenses en México. La decisión no gustó en Washington, pero la administración Peña estaba convencida de que esa concentración era imprescindible para evitar la dispersión de esfuerzos, la rivalidad interna entre agencias y secretarías para coordinar las tareas y áreas de seguridad. Luego de las turbulencia iniciales la relación se estabilizó y, a nivel federal avanza sin mayores contratiempos.
La crisis humanitaria por los niños que viajan solos, sobre todo de Centroamérica a la Unión Americana, también a nivel federal ha sido tratada por el departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos con sus homólogos mexicanos que han servido de puente, a su vez, con Guatemala, Honduras y El Salvador, de donde provienen la mayoría de estos niños y jóvenes. La relación comercial es inmejorable.
Pero se aproximan comicios intermedios en Estados Unidos y el tema migratorio y de seguridad, como siempre, trata de ser explotado electoralmente. Las reformas migratorias están paralizadas y las promesas del presidente Barack Obama también, por lo menos hasta que pasen los comicios en noviembre. Paralizadas en el Congreso porque los republicanos han hecho del discurso antiimigrante una bandera (aunque ese voto ha sido decisivo para que perdieran las dos últimas elecciones presidenciales) y paralizadas en la Casa Blanca porque en un momento de baja popularidad del presidente Obama, éste ha sido presionado por los candidatos más conservadores del partido demócrata para que no actúe en forma ejecutiva sobre el tema porque consideran que así perderían votos.
Mientras tanto, algunos de los gobernadores más conservadores del Partido Republicano están abusando en forma irracional de la política antiinmigrante para ganar votos. Los casos más conocidos son los de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, con posiciones prácticamente fascistoides, y más recientemente Rick Perry, el gobernador de Texas que quiere ser candidato presidencial en 2016.
Perry ha movilizado a miles de integrantes de la Guardia Nacional en la frontera de Texas con México argumentando que existe una crisis de seguridad. Al reclamo por la medida unilateral efectuada por el gobierno de México, Perry ha respondido con una carta al presidente Peña acusando a nuestro país de ser el responsable de esa movilización por no saber controlar la seguridad fronteriza.
Perry y el Partido Republicano han insistido en que ante la supuesta falta de control en la frontera por México podrían ingresar terroristas para cometer actos violentos en su país. Lo trataron de demostrar exhibiendo un video de un actor disfrazado de Osama Bin Laden, que supuestamente está cruzando a pie una parte desprotegida de la frontera. No es un secreto que existen espacios, en una frontera de miles de kilómetros, para cruzarla ilegalmente, pero lo que no se dice es que México y Estados Unidos han desarrollado muchos mecanismos de inteligencia y control de información que han impedido la operación de ese tipo de grupos terroristas en la frontera y en cualquier lugar del país. Desde los atentados del 11-S en 2001 hasta hoy no ha habido ni un solo caso documentado de que grupos terroristas hayan utilizado a México como base de operaciones contra Estados Unidos.
No deja de ser paradójico que quienes sí han realizado o intentado atentados han ingresado a Estados Unidos por Canadá o por sus principales aeropuertos, y suelen tener residencia en regla y son, más allá de su origen árabe, ciudadanos alemanes, británicos o sauditas, como muchos de los principales dirigentes del Estado Islámico o de Al Qaeda.
Lo que es un hecho, es que mientras proliferan en Texas grupos paramilitares para cazar inmigrantes y se despliega la Guardia Nacional, allí viven muchos de los delincuentes que operan de nuestro lado de la frontera, y ninguno de ellos es detenido. En Texas están los principales depósitos de la droga que ingresa a la Unión Americana y que desde allí se distribuyen a todo el centro y Costa Este del país y tampoco esos depósitos son encontrados por tantos militares y paramilitares desplegados por el gobernador. Buena parte del dinero del crimen organizado se lava precisamente en ese estado, entre otras razones por su peculiar régimen fiscal. Y la mayor parte de las armas que alimentan a la delincuencia en nuestro país se compran y trafican por armerías texanas. Vale la pena recordarlo hoy, que el presidente Peña llega a Nueva York.
¿A quién no le gustaría ganar más dinero?, ¿quién preferiría no pagar impuestos?, ¿quién desearía que las ganancias del petróleo se repartieran en partes iguales?, ¿quién preferiría no tener que gastar en funcionarios públicos o instituciones del Estado?, ¿a quién no le gustaría deshacernos para siempre de nuestros “H” legisladores que hacen todo menos representar con seriedad los intereses colectivos?... Antes preguntas obvias, las mismas respuestas.
Ese es el mal endémico con el que nace la figura de la consulta popular. Así nuestra clase política está haciendo un hazmerreír de este mecanismo útil y necesario en una democracia deliberativa y participativa. La causa: un raciocinio político primitivo, inmadurez democrática, incapacidad de ver un interés nacional, y desprecio a los ciudadanos y electores. Los culpables: PRD, PRI y PAN (en orden de aparición).
Nuestros parlamentarios federales que hoy suben pomposamente a tribuna para presentar ingeniosas iniciativas que estiman necesario someterlas a la consulta popular para inaugurar la figura, pero no reparan en que hacen evidente su incomprensión de lo que la Constitución Política se refiere como un mecanismo para consultar sobre temas de “trascendencia nacional”. La incomprensión radica en que el concepto de lo que es trascendente sólo tiene cabida en la medida en que existan alternativas viables y que generen efectos positivos para el país. Por el contrario, lo que nos presentan los sesudos legisladores son pequeñas dosis de Alka-Seltzer que, como dice la propaganda del producto medicinal, “ayudan a reanimar el cuerpo” (del ánimo colectivo), a sabiendas de que no son soluciones para corregir los problemas sistémicos que presentan nuestras instituciones.
Ejemplo de ello es la más reciente de las peticiones presentadas por un grupo de senadores del PAN y del PRD, mediante la cual proponen la siguiente sesuda pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que se emita una ley en que….. se reduzca en un 50 por ciento las percepciones que actualmente perciben el Presidente de la República y altos servidores públicos de la federación?” La contra-pregunta para algunos sería: ¿y por qué no 100 por ciento?; o para otros: ¿y por qué no de una vez suprimir las instituciones? Así se ahorra aún más.
Lo curioso es que, conforme al artículo 108 del texto constitucional, quienes hoy suscriben la propuesta de dicha consulta se encuentran comprendidos dentro del concepto de “servidores públicos de la Federación”; motivo por el cual resulta incomprensible saber por qué aspiraron a dicho estatus legal o cuál es la causa por la que —en congruencia— no han renunciado al 50% de su dieta como representantes populares. La respuesta es obvia: porque se trata de pirotecnia política, de populismo electorero, de reflectores sin mérito y de propuestas facilonas, a sabiendas que no nos lleva a soluciones de fondo como sería preocuparse por transparentar y reducir el gasto público, empezando por la sede que representan.
De ahí que la salvedad que aún queda frente a estos disparates legislativos radica en el examen de constitucionalidad que le corresponderá realizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, el máximo tribunal tiene la compleja tarea de analizar las propuestas de consulta bajo el tamiz de los requisitos que establece la Constitución y la ley de la materia, dentro de los cuales se encuentra acreditar en la propuesta aprobada que en verdad se trata de un tema de trascendencia nacional.
Es previsible que se tratará de resoluciones polémicas que pueden llegar a desgastar a la Corte por la alta dosis de subjetividad que implica determinar lo que es trascendente. No obstante, resulta un alivio saber que la decisión recaerá en once ministros solventes que no sólo entienden lo trascendente para el país, sino conocen el funcionamiento de las instituciones públicas y el desgaste que pueden llegar a sufrir los mecanismos democráticos por las ocurrencias popular-istas con las que los legisladores pretenden inaugurar la figura.
*Abogado y extitular de la Fepade
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